El pasado 16 de julio, el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CIG se reunieron para firmar un preacuerdo que marca el fin de la huelga en la Administración de Justicia iniciada en abril de 2023.
Sin embargo, desde SPJ-USO y Justicia y Progreso (JyP), consideramos que este acuerdo no justifica en absoluto los meses de huelga y tensión vividos.
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¿Era necesario iniciar un conflicto nacional?
Desde el inicio de la huelga hace quince meses, y tras su desconvocatoria unilateral por parte de los sindicatos mayoritarios, observamos con desconcierto que las reivindicaciones fundamentales del conflicto (como la negociación de la LOEO, funciones claras, y actualización del complemento general de puesto) han sido ignoradas.
El Ministerio de Justicia ha manipulado la situación a su favor, con el respaldo de los sindicatos mayoritarios que, en nuestra opinión, han negociado a expensas de los intereses reales de los trabajadores.
El acuerdo final, lleno de buenas intenciones pero carente de concreciones, no merece ni un solo día de huelga.
El Ministerio de Justicia ha demostrado una falta de compromiso real con las necesidades de los cuerpos generales y especiales, y los sindicatos firmantes parecen haber aceptado un acuerdo que hipotecará nuestro futuro profesional.
Un Acuerdo Vacío de Contenido
El acuerdo firmado destaca el valor del personal de la Administración de Justicia, mencionando la necesidad de su implicación y dedicación.
Sin embargo, este reconocimiento no viene acompañado de medidas concretas para mejorar las condiciones laborales ni garantizar mejoras retributivas.
La falta de avances claros en aspectos cruciales como la carga de trabajo y la creación de plazas adecuadas deja mucho que desear.
El compromiso del Ministerio de Justicia de que las nuevas relaciones de puestos de trabajo no afectarán negativamente el número de plazas ni las retribuciones complementarias es, en nuestra opinión, una promesa insatisfactoria.
Asegurar que no se reduzcan los puestos de trabajo ni las retribuciones no aborda las verdaderas necesidades de los trabajadores, que incluyen una mejora sustancial en las condiciones laborales.
Deficiencias en Promoción Interna y Teletrabajo
El preacuerdo menciona una futura reforma para promover el 50% de las plazas de la Oferta de Empleo Público a través del turno de promoción interna.
No obstante, la historia reciente sugiere que este compromiso podría no cumplirse, como ocurrió anteriormente con reducciones y promesas incumplidas.
Además, la regulación del teletrabajo se delegará a las CCAA, lo que podría acentuar las desigualdades entre territorios y no resolverá los problemas que enfrentamos.
Impacto en los Destinos y la Carrera Profesional
El acuerdo no ofrece soluciones concretas para el problema del artículo 521 de la LOPJ, que afecta la concreción de destinos y la movilidad de los funcionarios.
Además, el compromiso del Ministerio para desarrollar la carrera profesional en el primer semestre de 2025, dos años después del inicio de la huelga, y siete años después de la modificación de la LOPJ, muestra una preocupante falta de progreso en esta área.
Conclusión
Este acuerdo es, en esencia, un reflejo de la falta de avances reales en la Administración de Justicia.
Desde SPJ-USO y JyP, seguiremos luchando por los derechos de los trabajadores y promoveremos enmiendas que aseguren mejoras auténticas y el respeto hacia los cuerpos generales y especiales.
