El pasado 9 de abril, SPJ-USO Andalucía participó en un encuentro telemático informativo sobre la Justicia en Andalucía junto a Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, Juan Marín, Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, y Lorenzo del Río, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Parafraseando sus respectivas intervenciones, los referidos ponentes han venido a expresar lo siguiente:
Juan Marín: Durante esta pandemia, se han creado más de 100 plazas de funcionarios de Justicia, contando nuestra comunidad con 8.600 funcionarios repartidos entre 953 órganos judiciales y alrededor de 700 juzgados de paz. En Andalucía, hay que destacar la participación en el plan de reactivación de la Justicia de más de 1.900 funcionarios durante tres horas por la tarde y tres días a la semana, lo cual ha supuesto una mejora de la pendencia judicial que ha provocado que, de hecho, algunos órganos judiciales hayan solicitado no continuar con dicho plan. En cuanto a infraestructuras, se están llevando a cabo 16 obras en sedes judiciales, estando pendiente nuestra comunidad de la creación, además, de los grandes proyectos de creación de las ciudades de la Justicia de Sevilla, Cádiz y Jaén. En relación a las infraestructuras, también hay que destacar las recientes inauguraciones de los juzgados de Lebrija, Barbate o Almuñecar, así como la iniciación de las obras del edificio judicial de la Caleta en Granada. Además, todos los juzgados de violencia han sido reforzados, potenciándose los servicios itinerantes para las víctimas de la violencia de género. Igualmente, se han implantado en todas las sedes sistemas de grabación y videoconferencia, así como sistemas de protección y sistemas informáticos portátiles para jueces y fiscales, si bien aún queda pendiente la total implantación del sistema Adriano. Por lo demás, hacen falta más jueces en Andalucía, donde contamos con 953 jueces frente a los alrededor de 2.000 con los que cuenta, por ejemplo, Portugal, un país que cuenta con una cantidad de habitantes similar a la de nuestra comunidad autónoma.
Lorenzo del Río: En la Justicia hay que destacar dos problemas. En primer lugar, la Justicia es vulnerable y está denostada en la opinión social, pero hay que tener en cuenta que la Justicia, en su día a día, es independiente y hay que desvincularla de la gestión orgánica del CGPJ que se vincula al Gobierno. En segundo lugar, el problema de la Justicia es su crisis de eficiencia organizativa: ni los funcionarios ni los jueces están bien aprovechados. La pandemia nos abordó sin estar preparados para el teletrabajo, puesto que la Justicia aún sigue acostumbrada al papel y a la presencialidad, lo cual ha llegado a afectar negativamente a la gestión de los procedimientos judiciales. Además, por cuanto que en la Justicia siempre hay tres autoridades que confluyen, Consejería, Ministerio y CGPJ, se hace necesario confluir en una cierta unidad de dirección, puesto que tanto dinero invertido se puede perder por las rendijas de la organización.
Juan Carlos Campo: la Justicia forma parte de la estrategia del país como factor de renovación y cohesión social. La Justicia está necesitada no sólo de reforma, sino de diseño consensuado. Hay que potenciar elementos de cohesión social como la mediación y el arbitraje. Un proyecto sobre eficiencia organizativa de la Justicia será llevado al Consejo de Ministros, siendo sus tres puntos fundamentales: 1.- El mayor desarrollo de tribunales de Instancia 2.- La oficina judicial, desde un nuevo esquema de interconexión entre administraciones que cambie sus niveles de eficiencia, visibilidad y formato organizativo 3.- La creación de oficinas de Justicia en los municipios que no sea cabecera de partido y que vengan a superar a los actuales juzgados de paz (350 plazas nuevas). La transformación digital debe permitir un salto cualitativo con la interconexión entre administraciones. No se duda de la tutela judicial, sino de su efectividad en cuanto a los tiempos.
Desde SPJ-USO, entendemos que, por encima del esfuerzo propagandístico sobre lo realizado a nivel de reformas frente a la pandemia y en lo que atañe a la Administración de Justicia Andaluza, los números referentes al personal de Justicia que nuestro Consejero saca a relucir no son del todo reales, puesto que nuestro colectivo no se reparte, ni mucho menos, entre 700 Juzgados de Paz por cuanto que dichas sedes, en su gran mayoría, están servidas por personal de los Ayuntamientos correspondientes. Y si bien es cierto que faltan jueces en Andalucía, tanto más debiera de enarbolar la falta de personal perteneciente a los cuerpos generales de Justicia, que son los que directamente gestiona nuestro Consejero, máxime cuando hablamos de la comunidad autónoma, Andalucía, con más carga de trabajo por funcionario de Justicia de todo el Estado. Igualmente, echamos en falta una propuesta más firme y decidida en relación al desarrollo de la Nueva Oficina Judicial por cuanto que, hasta ahora, las UPADs de las distintas experiencias piloto que se han llevado a cabo en Andalucía han sido implantadas con la dotación mínima que establece el Ministerio de Justicia cuando queda patente en cuanto a carga de trabajo que tales partidos judiciales deben ser sostenidos con mayor dotación. De hecho, y además, tales experiencias piloto han venido a empeorar la carga de trabajo y la prestación del servicio en sus respectivos partidos judiciales. Pero es que tampoco nos consta una apuesta clara respecto a la Nueva Oficina Judicial si tenemos en cuenta que la misma no viene a desarrollar la carrera profesional de los funcionarios de Justicia en tanto que el número de puestos singularizados y mejor retribuido que aflora en las experiencias piloto es ridículo si lo comparamos con el porcentaje que de tales puestos existe en otras administraciones, incluida la Administración General de la Junta de Andalucía.
En cuanto a lo expresado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cabría recordar que, si bien durante la pandemia los Jueces estuvieron teletrabajando fuera de las sedes judiciales por contar con las debidas aplicaciones y recursos informáticos correspondientes, fueron, por el contrario, los funcionarios de los cuerpos generales de Justicia quienes, por no contar con tales medios, sostuvimos con nuestra presencialidad la apertura y el servicio esencial de Justicia en los órganos judiciales.
Por lo demás, y de cara al Ministro de Justicia, difícilmente podrá llevarse a cabo una reforma que incluya la interconexión de Justicia con otras administraciones cuando ni siquiera el Ministerio es capaz de interconectar entre sí los distintos sistemas de gestión procesal que existen en la actualidad en las diferentes comunidades autónomas con competencias de Justicia.
