SPJ-USO muestra su absoluto rechazo frente a este nuevo acuerdo, que no cuenta con la unanimidad de la parte sindical, en el que el Ministerio de Justicia, a fin de cuentas, no hace otra cosa que remendar a peor , las condiciones pactadas en un primer momento con la unanimidad de los/las representantes del colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia.
Como ya os adelantábamos en esta misma página Web el pasado mes de noviembre, en el B.O.E. de fecha 30 de diciembre se publica Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, UGT y CIG, en el ámbito de la Administración de Justicia.
En resumidas cuentas, se demora la actualización de retribuciones de estos compañeros/as hasta 2023, se deja en un limbo indeterminado e inaplicable la implantación de la Carrera Profesional, y, lo que es peor, significa haber echado por tierra el valor de lo pactado en una Mesa de Negociación, sirviéndose del aval de algunos sindicatos, aval que resulta imprescindible para envolver como regalo lo que no ha dejado de ser una actuación lamentable e inadmisible de los responsables gubernamentales en este caso…
Por otro lado, apelar (como han hecho algunos sindicatos) a consultas al colectivo que ellos mismos han organizado, dicen, para pulsar la opinión de los trabajadores afectados respecto al acuerdo ahora publicado, sin haber ofrecido antes las debidas garantías que acrediten fehacientemente como válidos sus resultados, nos parece una práctica realmente preocupante en el mundo de la representación sindical; práctica que rechazamos reivindicando en todo caso luz y taquígrafos sobre este tipo de consultas. ¿Qué luces y qué taquígrafos reclama SPJ-USO? Reclamamos la luz y taquigrafía propias de la transparencia en las votaciones democráticas, que no hay que inventarlas, pues ya vienen perfectamente reguladas, y de largo, en las leyes en vigor: cúmplanse las mismas, o, de lo contrario, que no se diga que se ha consultado (sin garantías) a todo un colectivo, porque esto sólo puede buscar imputar a los funcionarios/as afectados la asunción de un «re-acuerdo» que, sencillamente, hubo de ser considerado inasumible, y por tanto rechazado, por sus representantes.
