SPJ-USO denuncia en un video informativo, el caos generado en la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia tras la culminación de su tercera fase.
La medida estrella del Gobierno para combatir los problemas endémicos de la Justicia se está aplicando, una vez más, sin la debida previsión y golpe de improvisación.
En materia de personal, SPJ-USO alerta de un verdadero desorden en la asignación a los nuevos equipos funcionales, con criterios opacos, sin pautas claras de antigüedad y permitiendo que los jueces elijan a su personal de apoyo directo sin posibilidad de negativa por parte de las personas afectadas.
El modelo previsto en la Ley de Eficiencia Organizativa, basado en grandes servicios comunes y áreas, se está atomizando en múltiples “equipitos” de dimensiones incluso inferiores a las de los antiguos juzgados, lo que agravará los problemas de sustituciones por vacaciones, permisos o bajas.
SPJ-USO denuncia también amortizaciones de plazas aprovechando el “río revuelto” del cambio de modelo y un incremento de la carga de trabajo, al crearse principalmente plazas de jueces sin un aumento proporcional del personal de los cuerpos generales, sobrecargando así unos servicios comunes, áreas y equipos que ya nacen saturados.
A ello se suman graves carencias técnicas y materiales: programas de gestión procesal sin adaptar, registros que siguen funcionando como si fueran órganos separados, dispersión del personal en distintos edificios sin una distribución lógica de espacios e incluso casos en los que los trabajadores han tenido que llevarse su propia silla por no disponer de medios básicos en su nuevo destino.
SPJ-USO critica, además, que no se hayan habilitado los permisos necesarios para operar con todas las aplicaciones digitales y que el lema de “papel cero” siga siendo una quimera, obligando a duplicar trabajo al tramitar expedientes primero de forma digital y después en papel.
En paralelo, los protocolos dictados por los directores de LAJs, siguiendo instrucciones del Ministerio, normalizan la no cobertura de bajas por enfermedad y la redistribución sistemática del personal, cargando los asuntos urgentes sobre quienes tienen mayor experiencia, sin reconocimiento ni retribución.
Ante este panorama, SPJ-USO cuestiona la posición de los sindicatos firmantes del acuerdo de “paz social” de 8 de enero de 2025 (CSIF, STAJ, UGT y CIG), que se comprometieron por escrito a garantizar la paz social durante todo el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia, antes incluso de negociarse las RPT en todo el país.
Para SPJ-USO, la Justicia necesita reformas, pero esta reorganización impuesta por una deficiente Ley de Eficiencia Organizativa no es la que la ciudadanía ni la Administración de Justicia requerían, y el tiempo no hace más para confirmar estas advertencias
