En BOE de 11 de octubre se publica Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.
Desde SPJ USO queremos denunciar que es una tomadura de pelo estas resoluciones que van más allá de demostrar que la modernización de la Justicia avanza, es un pulso a todos los trabajadores que formamos parte de la Administración de Justicia y proceder a una privatización encubierta del Registro Civil. Es vergonzoso que pasemos de una tramitación gratuita como era la Adquisición de Nacionalidad por Residencia a superar entre tasas y derechos de examen a unos 300 euros.
Es lamentable que el Ministerio suscriba con los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales entre otros, convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos para la tramitación de nacionalidad, cuando los trabajadores del Registro Civil tienen la suficiente capacidad de trabajo y conocimiento como para seguir ejerciendo esta labor de forma exclusiva, sin tener que depender el ciudadano “por miedo, por desconocimiento o por presión social” a este tipo de profesionales, “previo pago claro”, con el único fin de desplazar las funciones que se venían realizando en los Registros Civil hacia otros colectivos, suprimiendo poco a poco funciones con el consiguiente recorte de funcionarios.
Desde SPJ USO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores.
