EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES NO ESTAMOS PREPARADOS PARA ENTRAR EN LA “FASE 2 DE DESESCALADA JUDICIAL”
Por disposición del Ministerio de Justicia, miméticamente seguida por las Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en la gestión de la Administración de Justicia, el pasado 11 de mayo de 2020 se inició la denominada fase 1 de esa desescalada tan particular que se está llevando a cabo en la Justicia, con la reincorporación programada del 30%-40% de la plantilla de los órganos de la Administración de Justicia. Tras la implantación de dicha fase 1, sin distinguir los territorios que aún permanecían en Fase 0 sanitaria, se estableció un compás de espera mínimo de una semana antes de entrar en fase 2, lo que implicará la reincorporación a los centros de trabajo de entre el 60 y 70% del personal funcionario. Ese compás de espera con toda probabilidad acabará el 26 de mayo, para cuando ya se está anunciando la implantación de la fase 2 judicial.
Para llegar a ella, se está haciendo oídos sordos a los ritmos impuestos por las autoridades sanitarias, porque la desescalada judicial transcurre desbocada a su propio ritmo: el impuesto por un calendario de fechas fijadas de antemano, que pretende acabar el 4 de junio de 2020 con la reanudación plena de los plazos procesales y la presencia del 100% de los funcionarios/as judiciales en sus centros de trabajo.
Para llegar a ese forzado objetivo, se ha omitido elaborar con carácter previo una EVALUACIÓN DE RIESGOS AL CONTAGIO, derivada de la reincorporación a los puestos de trabajo concretos y específicos que ha de ocupar cada empleado público; no se ha garantizado la suficiente distribución de equipos de protección individual ni material de seguridad en todos los órganos, ni siquiera la garantía del mantenimiento de las distancias interpersonales o la limpieza y desinfección intensificadas con la frecuencia adecuada. El teletrabajo ha resultado ser una opción marginal, por falta de medios e infraestructuras para llevarlo a cabo. Y, además, se han desfigurado las normas sobre jornada, horarios, turnos, vacaciones, provisión de puestos de trabajo y movilidad forzosa, sin negociación real con los interlocutores sindicales del personal afectado.
Los métodos empleados están siendo deleznables en muchos casos. Se está ordenando la reincorporación de personas con especial sensibilidad a las consecuencias del contagio sin evaluar técnicamente sus riesgos, sin medidas de protección especial y sin la más mínima adecuación de su puesto de trabajo (por ejemplo, preservarla del contacto con el público). Se han recortado los permisos para cuidados de menores y personas dependientes y se ha llegado a anunciar públicamente por el Vicepresidente y Consejero de una Comunidad Autónoma (Andalucía) el inicio de la realización de test de diagnóstico COVID-19 del personal antes de la reincorporación del personal a sus puestos, siendo este dato absolutamente incierto, lo que ha producido la lógica indignación entre los afectados. Es más; se están dando con esto inaceptables agravios comparativos, desde el momento en que a los miembros de la Carrera Judicial se les ha garantizado por el Consejo General del Poder Judicial su sometimiento al correspondiente test serológico a cargo de su sistema de prevención de riesgos laborales. Incluso se les ha llegado a restablecer sus privilegiadas reservas de aparcamientos en edificios judiciales nada más se atisbó la posibilidad de su reincorporación al trabajo.
Es por esto que SPJ-USO demanda sentido común en nuestros dirigentes y gestores políticos. La desescalada judicial tiene que ir necesariamente al ritmo de la desescalada sanitaria, lo que forzosamente la tendrá que hacer desigual según de qué provincia se trate: en una provincia estancada en una fase sanitaria no se puede avanzar de fase judicial. El personal con factores especiales de riesgo debe ser preservado, igual que las personas con hijos menores a cargo o mayores dependientes, puesto que los servicios que coadyuvan habitualmente en su cuidado no son actualmente accesibles para ellos. Y la Justicia tendrá que ir avanzando con paso lento, pero seguro, al ritmo que realmente marquen las circunstancias extraordinarias de riesgo sanitario que padecemos.
Las pruebas de detección de COVID 19, los famosos test, deben llegar A TODO EL PERSONAL DE LA JUSTICIA, y no sólo a Jueces y Magistrados. El derecho a la salud pertenece a todos por igual y los riesgos en los centros de trabajo no distinguen por categorías profesionales.
