El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) ha solicitado por escrito ante la Junta de Andalucía que el personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia sea considerado colectivo esencial y prioritario de cara al plan de vacunación contra el Covid-19, habida cuenta de que sus actividades son consideradas esenciales conforme a lo dispuesto en la normativa por la que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.
Desde el Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), se ha presentado, con fecha 10 de febrero de 2021, un escrito en el que se insta a la Junta de Andalucía a que considere al personal funcionario de la Administración de Justicia como colectivo esencial y prioritario frente al plan de vacunación contra el Covid-19, tal y como refiere respecto de sus servicios el Real Decreto 463/20 de 14 de Marzo por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.
El personal funcionario que presta sus servicios en la Administración de Justicia no sólo se alza como un colectivo expuesto a la atención directa y presencial de la ciudadanía, sino que padece ínfimas cotas reales en lo que a las posibilidades del trabajo a distancia se refiere: una posibilidad que, hoy por hoy, sólo alcanza para cubrir el 20% de la jornada de aquellos trabajadores a los que, habiéndolo solicitado, les sea concedido en función de la eventual disponibilidad de las correspondiente infraestructuras por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Y si bien la referida atención presencial a la ciudadanía y a los profesionales de la Justicia se hace patente en todo órgano judicial, lo cual es una nota claramente definitoria de los puestos de trabajo de esta administración por cuanto que cualquiera de ellos lo es abierto a la atención al público, tanto más ocurre en las sedes de los registros civiles, juzgados de guardia y servicios comunes de notificaciones y embargos. Y todo ello, insistimos, en el marco de una administración, la de Justicia, donde las posibilidades reales de teletrabajo se han desarrollado de manera ínfima en comparación con la gran implantación que el trabajo a distancia sí que ha tenido en otras administraciones de la Junta de Andalucía.
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