Los funcionarios se consideran «saqueados» y piden una equiparación salarial con el resto de autonomías.
Los juzgados gallegos presentan una imagen fantasmal desde hace más de un mes. Miles de documentos apilados sobre las mesas o en carros, apenas funcionarios en sus puestos, salas de vistas vacías y paredes empapeladas con carteles como «RIP Xustiza Galicia» o «Discriminación».El pasado 7 de febrero, los funcionarios comenzaron una huelga indefinida convocada como resultado de la unión de siete sindicatos (SPJ–USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO) y, transcurridas más de cuatro semanas, las negociaciones con la Xunta de Galicia siguen «enquistadas». Las consecuencias se notaron ya desde el primer día, con una media de 80 juicios diarios suspendidos en los principales partidos judiciales, según datos sindicales, y se agravan a medida que avanza el conflicto y los ciudadanos encuentran dificultades para trámites básicos como solicitar una fe de vida, un certificado de defunción o una boda civil.
En el edificio judicial de A Parda, en Pontevedra, en el mostrador de atención al público del registro civil, decenas de personas hacen cola para ver si el trámite que necesitan entra en los servicios mínimos estipulados. Unos servicios mínimos que los funcionarios consideran «abusivos», y que la Xunta explica que ha fijado «para que la huelga no cause perjuicios a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos».
Ni los funcionarios en huelga ni la Xunta logran cuantificar el número de juicios o trámites judiciales afectados, si bien los sindicatos indican que se cuentan ya «por miles» en los siete principales partidos judiciales. «Se demuestra que en los juzgados, sin nosotros, la cadena se rompe», concluye Nilo Fernández, portavoz de SPJ-USO, sindicato mayoritario.
Están llamados a la huelga más de 2.700 trabajadores, todo el personal de los juzgados excepto jueces, fiscales y secretarios, y ha tenido un seguimiento masivo desde el primer día, si bien Xunta y sindicatos aportan cifras dispares. Los trabajadores apuntan a que la media de seguimiento es mayor al 85% del personal y la administración facilita cifras diarias y nunca asume más del 41%.
Detrás de la protesta laboral está un desencuentro entre la Xunta y la parte sindical que se remonta a hace ya varios años, y se agravó a mediados de 2017 con negociaciones fallidas sobre cinco puntos de fricción que ya en diciembre dejaron tres jornadas de huelga. La principal reivindicación es la equiparación salarial respecto al resto de autonomías con competencias transferidas en Justicia, pues cobran un Complemento Transitorio que les supone 200 euros menos de media que el resto. Consideran que han sido «saqueados» desde 2013 «con la excusa de la crisis».
Las negociaciones se retomaron el viernes tras 20 días paralizadas, pero volvieron a enquistarse. El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, principal negociador por parte de la Xunta, ofertó un incremento salarial lineal de 105 euros al mes (1.260 euros al año), aplicable de forma gradual hasta 2020, pero los sindicatos no quieren aceptar nada por debajo de los 190. Más encauzados, aunque «no cerrados, ni mucho menos», están el resto de puntos, que afectan a sustituciones, refuerzos y amortización de 106 plazas.
