Ante el colapso del edificio de Justicia de la calle Alta el sindicato propone la creación de un juzgado de lo Social en Torrelavega
Los efectos económicos de la pandemia está colocando a los juzgados laborales en una situación insostenible
USO demanda al Gobierno de Cantabria la creación de dos nuevos juzgados de lo Social en Cantabria por la falta de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia de lo Social regional. Las consecuencias económicas y laborales derivadas de la pandemia han puesto a estos juzgados en una situación insostenible. Los retrasos en la obtención de algunas sentencias en el ámbito laboral pueden superar los dos años de demora antes de adquirir firmeza en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
El edificio donde están alojados los 6 juzgados de Lo Social en Cantabria, situados todos en la calle Alta de Santander, se encuentran colapsados tanto por la incapacidad de gestionar la alta litigiosidad de nuestra región como por la difícil adaptación del edificio a las necesidades de seguridad sanitaria que impone el covid-19. A esto hay que sumar la presencia, en el mismo edificio, del Juzgado de Lo Penal junto con el Juzgado de Menores, que viene a deteriorar más aún la operatividad de las instalaciones.
En la situación a la que se enfrenta la región es más necesario que nunca apostar por la Jurisdicción Social para tener derecho a una justicia en tiempo razonable. Para ello, una de las medidas que USO propone es dotar a la comarca del Saja-Besaya de un juzgado de lo Social que lógicamente tendría su sede en el Palacio de Justicia de Torrelavega. Con ello se conseguiría acerca la justicia al ciudadano y aliviar el colapso actual en unas instalaciones modernas mucho más versátiles para adoptar medidas higiénicas post pandemia.
El retraso que se acumula ya en los juzgados cántabros está produciendo casos graves de indefensión. En un procedimiento de despido afrontar excesivas dilaciones sin sentencia como las que padecen los trabajadores en estos momentos, y sin salarios de tramitación eliminados por la reforma laboral de 2.012 en los despidos improcedentes en caso de no readmisión, supone un grave perjuicio para el trabajador que pierde su empleo. A ello hay que añadir que en numerosas ocasiones para cobrar sus deudas el trabajador debe acudir al FOGASA por insolvencia de la empresa, es decir otro retraso más.
