En un comunicado de prensa, USO informa que ha exigido la retirada del decreto de manera inminente, así como el cese inmediato del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente, Francisco Igea; y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tras su nefasta política de gestión de recursos humanos.
Desde USO se acusa que las medidas útiles y diligentes para afrontar las necesidades que ocasiona esta pandemia no se pueden tomar sin el acuerdo de los profesionales del sistema sanitario y los sindicatos.
Por ello este decreto pone en peligro las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad en Castilla y León y fomenta el éxodo de los mismos a otras autonomías y países.
Las consecuencias de esta mala gestión están llevando al personal de Sacyl a una, ya de por sí extenuante, en muchos casos, presión y a sentirse abandonados por una Consejería errática en sus decisiones además de recordar el incumplimiento reiterado de los acuerdos tomados en mesa sectorial, como son la convocatoria de carrera profesional por procedimiento extraordinario y las 35 horas semanales de jornada.
