La Unión Sindical Obrera ha presentado escrito de reclamación ante la Junta para que proceda a reconvertir en indefinidos no fijos miles de contratos temporales suscritos por el Servicio Andaluz de Salud en fraude de Ley durante más de un década.
El sindicato, que cuenta con una amplia representación en el sector sanitario, argumenta en su petición que el modelo de contratación utilizado de forma habitual por la Junta de Andalucía parte de una interpretación y aplicación fraudulenta del artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal estatutario de los Servicios de Salud.
En opinión de Luís Vinelli, responsable de Sanidad en USO Andalucía, ‘’asistimos a una huída descarada del derecho administrativo en una carrera desenfrenada cuya meta parece ser la destrucción del sector público’’.
Abuso de la contratación temporal, falta de procesos selectivos y externalización de servicios al sector privado son prácticas extendidas en el ámbito laboral del Servicio Andaluz de Salud que ponen en evidencia cómo ‘’el Gobierno de Susana Díaz derrocha el prestigio de un sistema sanitario que ha dejado de ser referente para pasar a ser el que más recorta y más deterioro ha sufrido en los últimos años’’, agrega el líder sindical.
La política de contratación temporal concatenada es el máximo exponente de estas prácticas fraudulentas que desobedecen el Estatuto Básico del Empleado Público y la amplia jurisprudencia existente. Las sentencias más recientes han sido dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en septiembre de este año, aunque la que marcó el camino fue la del caso Mascolo, que en 2014 puso en jaque la figura del interino en las administraciones públicas, por la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. El fallo se basa en una directiva europea de obligado cumplimiento, que data de 1999, mediante la que se trata de evitar el abuso de los contratos concatenados.
En España, existe una amplia doctrina jurisprudencial en el mismo sentido. El Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, emitió una sentencia en 2014, a raíz de la denuncia de dos médicos gaditanos del Servicio Andaluz de Salud, en la que concluyó que ‘’la concatenación sucesiva de contratos para realizar funciones permanentes en la Administración es una relación laboral, no funcionarial, que excede de la naturaleza de un contrato temporal’’.
Más de 8.000 trabajadores afectados
Sólo en el SAS ocupan puestos estructurales 8.500 trabajadores de centros sanitarios públicos, a quienes, desde hace más de diez años, la Junta de Andalucía renueva los contratos anualmente de forma concatenada, con la consiguiente incertidumbre y la limitación del derecho a acceder a la Función Pública según establece la Constitución y el EBEP. Es decir, atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Esta situación también se padece en el ámbito de la administración educativa, con mayor incidencia, aunque está extendida a toda la Función Pública andaluza.
La Junta ha eliminado paulatinamente desde 2012 más de 15.000 efectivos, con especial incidencia en los sectores sanitario y educativo. Una auténtica sangría laboral que evidencia el proceso de desmantelamiento de los Servicios Públicos Básicos en esta comunidad. Mientras, como viene denunciando FAC-USO Andalucía, su ‘’administración paralela’’, integrada por más de 30.000 contratados, no ha dejado de crecer, con una clara intención clientelar y con otra aún más descarada, que las potestades públicas pasen a personal afín al partido en el poder o que puede controlar bajo la amenaza del despido, la reducción de jornada o salario, el desplazamiento a localidades lejanas de su residencia habitual, la eventualidad y la precariedad absolutas en el empleo, en suma.
La USO está obligada a mantener la guerra sin cuartel contra todos estos abusos que afectan a los trabajadores del sector público y a la ciudadanía en general, a la que se coarta el derecho de acceder en condiciones de equidad a un empleo fijo y digno en la Función Pública y se limita el disfrute de unos servicios públicos de calidad.
Por tanto, emprenderá todas las acciones que estime necesarias para corregir estas prácticas fraudulentas que se han mantenido durante 15 años por parte del Ejecutivo andaluz, con la connivencia de los sindicatos ‘’más representativos’’.
