Las trabajadoras de la Residencia de Ancianos de Santiago de Alcántara han solicitado la rescisión de sus contratos y dejarán sus puestos de trabajo por los impagos de sus nóminas.
Desde mayo de 2020 las trabajadoras y trabajadores de la Residencia de Santiago de Alcántara vienen sufriendo impagos en sus nóminas por parte de la empresa ALIGEX, al mismo tiempo que el Ayuntamiento de la localidad (PP) y el SEPAD (PSOE) están inmersos en “sus lamentables ajustes de cuentas políticas” que impiden que las trabajadoras cobren las 4 nóminas que se les deben.
El Alcalde de la localidad, Eusebio Batalla (PP) heredó un contrato municipal para la gestión de la Residencia firmado con una empresa por parte del anterior Alcalde, Juan Garlito Batalla (PSOE), cuñado suyo y a la vez padre de Lara Garlito Batalla (mano derecha de Guillermo Fernández Vara), contrato del que Eusebio Batalla (actual Alcalde PP) no hace más que despotricar pero que sin embargo sigue manteniendo en favor de la empresa ALIGEX, pese a deber 4 nóminas a las trabajadoras. El Alcalde se comprometió a mantener una reunión con las trabajadoras y sus representantes de USO, algo que NO ha cumplido, además de prometer al Defensor del Pueblo incluso su intención de asumir la gestión municipal de la Residencia con la subrogación de las trabajadoras, algo que TAMPOCO ha materializado, lo que ha desembocado incluso en que el pasado 12 de noviembre el Alcalde, Eusebio Batalla (PP) fuera apercibido por el Defensor del Pueblo por eludir el deber inexcusable de colaborar con dicha Institución que depende de las Cortes Generales.
Y en medio de este fuego cruzado de “navajazos políticos para ajustar cuentas y rencillas familiares y ver quién se queda la Alcaldía de la localidad”, se encuentran las trabajadoras y sus familias, que llevan 4 meses sin cobrar y también los ancianos que viven en la Residencia, una Residencia “El Péndere” donde recordemos que en plena pandemia fallecieron 19 de los 52 ancianos residentes y se contagió el 50% de la plantilla de trabajadoras a causa del COVID, teniendo que ser desalojada por la UME.
Desde USO lamentamos que por parte del SEPAD (Junta-PSOE) se estén retrasando los pagos de las subvenciones por las plazas que el propio SEPAD tiene contratadas en la Residencia para perjudicar políticamente al Alcalde de la localidad (PP), pero igualmente condenamos que el Alcalde (PP) retenga el dinero que con retraso recibe del SEPAD y no lo transfiera con la suficiente diligencia a la empresa (ALIGEX) para que puedan cobrar las trabajadoras, empresa a la que por cierto, debería habérsele exigido que tuviera el capital suficiente para hacer frente a sus obligaciones con las trabajadoras en lugar de intentar sobrevivir únicamente a expensas de las subvenciones.
Por tanto, ante este lamentable panorama político y empresarial que rodea a la gestión de una Residencia ¡¡PÚBLICA!! donde el cuidado y bienestar de las abuelas y abuelos que allí habitan debería ser lo primordial, las trabajadoras, que siempre han estado al pie del cañón dándoles todo el cariño del mundo y aguantando los impagos, han decidido dar el paso definitivo de dejar sus puestos de trabajo. La mitad de las trabajadoras ya han solicitado el acto de conciliación con la empresa y en el mismo han solicitado la rescisión de sus contratos, encontrándose tan sólo a expensas de que el Juzgado lo autorice, y a la vista de los incumplimientos graves y reiterados por parte de la empresa así deberá ser. Además, algunas trabajadoras han entrado incluso en procesos de ansiedad, ya que sus sueldos son los únicos que entran en sus casas y sus familias no están pudiendo ya hacer frente a la compra de alimentos de primera necesidad y al pago de los recibos que todo hogar debe soportar (luz, agua, etc.)
Desde USO emplazamos al Alcalde, Eusebio Batalla (PP) y a la Junta de Extremadura (SEPAD) en la persona de su Consejero de Servicios Sociales, José María Vergeles (PSOE), a que de una puñetera vez por todas tomen cartas en este asunto, que para ello cobran del erario público y ostentan los cargos de representación en sus ámbitos de actuación y responsabilidad, para que se entablen las reuniones que sean oportunas, así como con las trabajadoras y sus representantes sindicales, y se busque UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A ESTE CONFLICTO que deja, una vez más, una imagen tercermundista de Extremadura, porque ni nuestros abuelos y abuelas, ni quienes les cuidan con tanto cariño merecen ser tratados con este desprecio.
Desde USO ya se están tramitando los permisos oportunos para realizar varias concentraciones, tanto a las puertas del Ayuntamiento de Santiago de Alcántara, como a las puertas de la Asamblea de Extremadura, así como para visibilizar la situación que se vive en esta Residencia de ancianos tanto en los medios de comunicación como en redes sociales.
¡¡ Por nuestros mayores !!
¡¡ Por las trabajadoras que cuidan de ellos !!
¡¡ Para que se cumpla con un derecho constitucional básico !!
