Los servicios mínimos de la huelga en El Pino declarados ilegales en sentencia firme
La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulos y vulneradores del derecho fundamental a la huelga los servicios mínimos impuestos durante la huelga de diciembre de 2022 en el Centro Sociosanitario El Pino.
La resolución definitiva llegó después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IASS) el 10 de julio de 2024.
USO-CANARIAS fue el único sindicato que respaldó a los trabajadores del centro, que habían iniciado la huelga para protestar contra los impagos del Grupo ICOT, horarios abusivos y deficientes condiciones materiales.
Esta sentencia representa una victoria importante en la defensa del derecho a la huelga y pone en evidencia la actuación del IASS, cuyo presidente, Isabel Mena Alonso, y el Cabildo de Gran Canaria, encabezado por Antonio Morales, enfrentan ahora graves consecuencias por sus acciones.
Implicaciones de la Sentencia
La sentencia señala que el IASS, al no tener la autoridad gubernativa para dictar estos servicios, vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores al imponer la obligación de prestar servicios al 99% de la plantilla.
Además, tras la primera sentencia que declaró al IASS incompetente, el organismo volvió a imponer servicios mínimos igualmente abusivos, que también fueron anulados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria.
Jeremías Piñero Rivero, secretario de Acción Sindical y Comunicación de USO-CANARIAS, afirmó durante una rueda de prensa que la sentencia debe hacer reflexionar al presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien minimizó el seguimiento de la huelga y menospreció al sindicato USO-CANARIAS.
Piñero destacó que el verdadero motivo por el que muchos trabajadores no pudieron hacer huelga fue la imposición de servicios mínimos abusivos e ilegales.
Reacciones y Próximos Pasos
Jeremías Piñero expresó su satisfacción por la sentencia que favorece a los trabajadores del CSS El Pino, quienes cuidan a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Sin embargo, también demandó que la Consejera Isabel Mena asuma responsabilidades políticas por su gestión ineficaz.
La actuación del IASS no solo ha infringido el derecho a la huelga, sino que podría resultar en indemnizaciones millonarias para el Cabildo de Gran Canaria.
USO-CANARIAS planea canalizar las demandas individuales de los trabajadores afectados, con estimaciones de indemnizaciones que oscilan entre 7.000€ y 25.000€ por persona.
La huelga, boicoteada desde el principio por las medidas adoptadas por los responsables políticos, no ha resuelto los graves problemas persistentes en el CSS El Pino, como la falta de personal y medios, incumplimientos en los descansos y retrasos salariales.
