La Federación de Servicios de USO se constituye y elige a Pedro Ríos como secretario general

La Federación desarrollará un ambicioso programa de acción reivindicativa que apuesta por fortalecer la negociación colectiva en el sector.

Se han aprobado dos resoluciones especiales en las que se insta a las Administraciones a que promuevan una contratación pública socialmente responsable.

Tras la celebración de su I Congreso, que ha tenido lugar los días 3 y 4 de noviembre, se ha constituido la Federación de Servicios de la Unión Sindical Obrera (USO), completándose así el proceso de reorganización de sindicato estatal, con una estructura federal compuesta por cinco Federaciones Profesionales.

El 96,24% de los congresistas reunidos en Madrid han elegido a Pedro Ríos como su secretario general para los próximos cuatro años. Ríos ha destacado en su discurso que “por delante tenemos el reto de construir y consolidar esta Federación, compleja por la variedad y cantidad de sectores que la engloban, lo que va a requerir el esfuerzo y la constancia de todos y cada uno de nosotros”.

Ríos estará al frente de una Ejecutiva compuesta por Sergio García, como secretario de Organización y Finanzas; Nuria Ayuso, como secretaria de Acción Sindical; Fernanda Correia, al frente de la Secretaría de Igualdad y Salud Laboral, y Empar Adell en la Secretaría de Comunicación y Formación.

Igualmente, han resultado elegidos Tomás Pérez, Antonia Pérez y Francisco Bonilla como presidente y vocales, respectivamente, de la Comisión de Garantías de la nueva Federación, que es el órgano encargado de garantizar y tutelar los derechos que los Estatutos Federales otorgan a los afiliados y afiliadas y a los dirigentes.

A lo largo de dos días de intenso trabajo interno, se ha acordado la puesta en marcha de un ambicioso programa de acción reivindicativa que apuesta por fortalecer la negociación colectiva de los distintos sectores que conforman Servicios con el objetivo de conseguir mejoras sociales y laborales para los trabajadores y las trabajadoras del sector servicios. Además, la Federación de Servicios se ha marcado como prioridades en la negociación, la implantación de medidas para mejorar la salud laboral en los centros de trabajo y de realizar planes de igualdad en las empresas con más de 100 trabajadores, así como establecer medidas de discriminación positiva y de fomento de la corresponsabilidad.

Asimismo, se ha aprobado el proceso de organización propio de la Federación a través de sectores profesionales y la constitución de Secciones Sindicales.

Por una contratación pública socialmente responsable
La Federación de Servicios de USO ha aprobado dos resoluciones especiales en las que se insta a las Administraciones a que promuevan una contratación pública socialmente responsable, para lo que se propone suprimir de la Ley de Contratos del Sector Público el precio como único criterio a considerar en los procesos, reducir el porcentaje que supone éste en la valoración y excluir de la adjudicación a cualquier empresa sancionada por incumplimiento administrativo o inmersa en proceso penal por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.

Se insta también a incluir, dentro de la lista de criterios de valoración, otra serie de aspectos como el cumplimiento del convenio o convenios colectivos aplicables; la calidad del personal empleado o la obligación de las empresas de estar al corriente de pago en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

En los últimos años, grandes empresas constructoras y de otros sectores se están adentrando en los sectores de Limpieza, Mantenimiento, Ambulancias, Ayuda a Domicilio, como nuevas áreas de negocio para amortiguar el efecto de la crisis de de la construcción y la paralización de su mercado, a través de los contratos con las Administraciones.

Los pliegos de condiciones de los contratos con las Administraciones han ocasionado un grave perjuicio tanto para los trabajadores como para el propio servicio que se ofrece, ya que el criterio económico, que supone un 60% en los baremos de los contratos públicos, provoca reducciones de jornada, despidos, y precarización de las condiciones laborales y económicas así como la merma de la calidad del servicio prestado.

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