La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) ha manifestado su firme rechazo a la injustificable tardanza con la que se ha aprobado la subida salarial adicional del 0,5% correspondiente al año 2024 para los empleados y empleadas públicas. Se trata de una medida condicionada a la evolución del IPCA, cuyo cumplimiento estaba verificado desde hace meses.
Esta decisión, adoptada en pleno verano de 2025, coincide con una situación en la que las unidades de gestión de personal y nóminas están bajo mínimos, lo que genera una sobrecarga de trabajo extraordinaria en un momento crítico.
FAC-USO advierte de que esta circunstancia anticipa una aplicación desigual del pago de atrasos entre administraciones y organismos, atentando contra el principio de equidad retributiva.
Desde FAC-USO se subraya que no estamos ante una concesión ni ante una medida excepcional, sino ante una obligación técnica y presupuestaria que debía haberse ejecutado automáticamente en enero.
El retraso constituye, a juicio de la organización, un claro ejemplo de descoordinación institucional y refleja una preocupante falta de respeto hacia el personal que sostiene día tras día los servicios públicos.
Más allá del perjuicio organizativo, la federación considera que el daño es también simbólico: se vuelve a aplicar un derecho reconocido de forma tardía y torpe, despreciando el impacto real que esto supone para quienes dependen de una administración eficaz y previsible.
Esta gestión deficiente mina la confianza del personal público en los compromisos de las instituciones y amplía la brecha entre el discurso oficial y la práctica real.
FAC-USO denuncia, además, que mientras se retrasaba la aplicación de este derecho básico, algunas organizaciones sindicales han intentado rentabilizarlo como si fuera un logro propio, cuando se trata de un acuerdo firmado y plenamente exigible.
Esta actitud oportunista, según la federación, solo contribuye a alimentar la desinformación y la desconfianza entre los trabajadores y trabajadoras.
En la última década, el sector público ha perdido hasta un 20% de poder adquisitivo como consecuencia de recortes, congelaciones salariales y la inflación.
Por ello, FAC-USO seguirá exigiendo una verdadera negociación salarial orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido, así como la aplicación ágil, justa y sin excusas de todas las medidas ya pactadas.
Para FAC-USO, esta subida, que debía haberse hecho efectiva hace seis meses, llega tarde, mal y en el peor momento operativo posible, perdiéndose nuevamente la oportunidad de demostrar rigor, respeto y eficacia hacia quienes garantizan el funcionamiento diario de los servicios públicos.
