Los empleados públicos pertenecientes al régimen de clases pasivas (entre ellos, profesores, jueces o militares) podrán seguir jubilándose a los 60 años.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que estos días ultima el debate para la inminente REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES, mantendrá el derecho de estos empleados públicos a retirarse antes que el resto de los asalariados siempre que acrediten 30 años de servicio al Estado. Y, si tienen 35 cotizados, sin penalización en la nómina (haber regulador).
Tras la polvareda levantada por el traspaso de la gestión de estas pensiones, que antes abonaba el Ministerio de Hacienda y que ahora ha asumido Seguridad Social, con el fin de centralizar todas las prestaciones, LOS GRUPOS POLÍTICOS PARECEN DISPUESTOS A BLINDAR ESTE RÉGIMEN PREFERENCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS AÚN ADSCRITOS A ÉL (desde el 2011, todos los nuevos trabajadores de la Administración se dan de alta en al régimen general). En total, son más de 633.000 los antiguos empleados públicos que cobran actualmente una pensión de clases pasivas (45.000 en Galicia), con una nómina conjunta de 1.162 millones al mes. Aunque la patata caliente estaba en qué iba a pasar con los otros 700.000 que siguen adscritos a esté régimen a extinguir, a los que se les quiere mantener el horizonte del retiro, como ha confirmado Colpisa.
En cuanto al resto de los asalariados, los diputados han consensuado no recomendar ningún cambio en la edad legal de jubilación, aunque sí aconsejarán «mejorar los incentivos sociales, fiscales y laborales» a quienes se retiren más tarde, en línea con lo anunciado por el Gobierno. A su vez, abogan por fomentar la JUBILACIÓN ACTIVA, para que más trabajadores puedan compatibilizar el cobro de una parte de su pensión con un empleo. La única concesión que se plantea para los TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO es eliminar las penalizaciones para aquellos que se jubilen antes de la edad que les toca pero acrediten más de 40 años cotizados. Una petición que han elevado los sindicatos y la asociación Asjubi40, que defienden que muchos de estos retiros anticipados no son caprichosos sino forzados (la mayor parte de los que se retiran tras carreras de cotización tan largas lo hacen tras caer en desempleo), y que ven con buenos ojos tanto en el Ministerio de Seguridad Social como en la comisión parlamentaria.
