La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local mantiene que a los funcionarios locales se les dé el mismo trato que a los del Estado
El Tribunal Supremo, en sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) 382/2022, de 28 de marzo, resuelve la cuestión de interés casacional declarando que los criterios de calificación de los ejercicios de procesos de selección en la Administración Pública deben ser previos a la calificación, y deben ser publicados para conocimiento de todos los aspirantes antes de la realización de los ejercicios.
La realidad es que existen Administraciones que actualmente tienen a funcionarios interinos ocupando puestos de libre designación. En este caso, ¿se ajustan tales nombramientos a la legalidad?
El Tribunal Supremo, en sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª). 1072/2022 de 20 julio -RJ\2022\4013- resuelve la cuestión de interés casacional consistente en determinar si los servicios prestados como personal laboral deben ser valorados en los mismos términos que los prestados como funcionario cuando los primeros se desarrollan en un puesto de trabajo que siendo laboral, en un principio, luego fue funcionarizado.
En una rueda de prensa celebrada la pasada semana en Zaragoza, para dar a conocer nuestros actos del 1 de mayo, USO denunció que la renta per cápita ha bajado 7,4 puntos desde 2009 y la disponible de los hogares, en 6,6
El paro cae en marzo en 48.755 personas, lo que supone un descenso del 1,67 % con respecto a febrero y la cifra de parados registrados se queda en 2.862.260. A estas cifras se suma el incremento de 260.410 cotizantes a la Seguridad Social, alcanzando las 20.376.552 personas afiliadas.
USO informa de las novedades, recomendaciones y plazos de esta nueva Campaña de Renta 2022 que comienza el 11 de abril.
Este año, la Confederación USO celebrará el 1 de Mayo en Zaragoza.
La excedencia voluntaria por interés particular prevista en el artículo 89.2 del Estatuto Básico del Empleado Público no resulta de aplicación a los funcionarios interinos.
Con 14 meses de retraso, España ha incorporado a su ordenamiento la Directiva «Whistleblower».
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