Domingo, 23 de Enero de 2022

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    USO, junta a la MERP, y las más de 400 organizaciones que la componen han vuelto a llenar las calles de Madrid con un único clamor: blindar las pensiones en la Constitución. Más de 4.000 personas han secundado la manifestación convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones que ha recorrido el centro de Madrid, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza del Reina Sofía.

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    El nuevo acuerdo entre Gobierno y Diálogo Social vuelve a pasar de largo por un tema crucial para el sistema de pensiones, el empleo estable y de calidad, y, por el contrario, vuelve a centrarse en penalizar a los trabajadores en activo. “Las cotizaciones necesarias para el sistema de pensiones son las que salen de contratos indefinidos, de jornadas completas, de salarios dignos y revalorizados conforme a la inflación, al IPC. La penalización de cotizaciones no puede ser lineal, sino atender a unos factores que de verdad corrijan el sistema. Este nuevo acuerdo de espaldas a la ciudadanía ha sido una oportunidad perdida para gravar a quienes no contribuyen a la calidad del sistema”, subraya Joaquín Pérez, secretario general de USO.

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    Ni 10 ni 5 años para optar a la plaza: FAC-USO reclama que, si el fraude de ley se establece en 3 años, también este debe ser el criterio para subsanar la ilegalidad

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    COMUNICADO SOBRE EL ACUERDO ENMIENDA A PRESENTAR POR PSOE, ERC Y PNV, EN RELACIÓN CON LOS INTERINOS. ¡ESTO ES LA GUERRA!

    Desde la FAC-USO asistimos con preocupación, al revuelo que se ha producido en las redes públicas y medios de comunicación, en relación con el acuerdo del PSOE, ERC y PNV, sobre una enmienda en discusión todavía en la Comisión de Función Pública del Congreso de los Diputados, sobre los trabajadores interinos.

    Según la Audiencia Nacional, los datos médicos o datos relativos a la salud, entran dentro de una categoría especial de datos personales, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, para cuyo tratamiento se requiere el “consentimiento explícito” del interesado, salvo que resulte de aplicación alguna de las excepciones que se recogen en el artículo 9.2., que no se dan en el caso aludido.

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    La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los sustitutos de larga duración a la carrera profesional de acuerdo con la normativa comunitaria y frente a la actuación llevada a cabo por el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid que, en el proceso extraordinario de 2017 para el reconocimiento de tal carrera, ignoró a una serie de personas con el silencio administrativo.

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    El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de su Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al tercer trimestre, que fijan en 1.916.800 el total de personas ocupadas en el sector de actividades sanitarias y de servicios sociales, mientras que en el anterior, esta cifra se fijó en 1.843.900, por lo que se registran 72.900 más.

    El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado, este miércoles, 3 de noviembre, los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a octubre, de los cuales se desprende que el sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales perdió 36.252 afiliados más en régimen general durante ese mes en comparación con el anterior, un 2,05 por ciento.

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    El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, considera «excesivamente alto» el número de resoluciones incumplidas por parte de las administraciones, si bien no cree que la «solución» pase necesariamente por introducir un cuadro de sanciones económicas en una eventual reforma de la ley. «Casi nunca se aplicarán y la frustración va a ser mayor», ha defendido.

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    El Gobierno Vasco ha presentado recientemente en la Mesa General de Función Pública un primer borrador de Decreto que, por primera vez, abre la posibilidad de regular y definir el teletrabajo como modalidad laboral. La propuesta plantea extender de forma general para el personal del sector público vasco esta modalidad de acuerdo a una serie de criterios preestablecidos y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Esta posibilidad ya existía en el ámbito sectorial de la Administración General vasca.

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