En estos momentos en que el Gobierno ha retirado la ayuda de 0,20 céntimos para la gasolina, os recordamos el Convenio de Colaboración firmado en su día, entre USO y REPSOL – Estaciones de Serfvicios, por el cual nuestra afiliación puede obtener ventajas y descuentos exclusivos, a través de la app Waylet de Repsol y generar saldo en todos sus repostajes.

USO considera imprescindible adoptar más medidas para hacer frente a la pobreza energética. Entre ellas, la apuesta por la rehabilitación de viviendas como forma de mejorar la eficiencia energética y crear empleo. Sin embargo, es imprescindible que el acceso a la financiación para la rehabilitación de viviendas alcance a aquellos hogares vulnerables que más la sufren.

Desde FAC-USO consideramos que deber ser objetivo principal cambiar el actual sistema de promoción por una carrera profesional que motive al empleado público y que sea la propia Administración la que incentive esa promoción. Nuestro modelo es el Estatuto del Funcionario de la Unión Europea.

El RD-Ley 20/2022 recoge una serie de medidas en materia económica y laboral con el fin de frenar el impacto de la inflación sobre la ciudadanía. El denominado ya plan anticrisis del Gobierno amplía así el denominado escudo social puesto en marcha en los últimos meses.

Desde USO te explicamos los puntos más destacables de estas medidas y su impacto en la economía del día a día de millones de hogares en España.

La subida de las pensiones contributivas será en 2023 del 8,5%, en un año en que la edad ordinaria de jubilación alcanza los 66 años y 4 meses, cuando no se tengan 37 años y 9 meses de cotización. Este 2023, serán necesarios dos meses más de edad para acceder a la jubilación ordinaria. En el caso de acreditar un período cotizado igual o mayor a 37 años y 9 meses, la persona trabajadora puede jubilarse a los 65 años.

2022 terminó con una vorágine legislativa y USO se pregunta si en algún momento esa renovación de leyes llegará al fin a la avejentada LOLS. La Ley Orgánica de Libertad Sindical cumple y cumple años, y su sistema antidemocrático tiene cada vez menos cabida en una España que pretende ser plural en todos los aspectos, salvo el sindical. La LOLS, de hecho, cumplirá 38 años en este 2023 y solo ha sido modificada una vez: fue en 2015, pero no fue un cambio de calado. Únicamente se tocó lo relativo al depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales.

La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera condena enérgicamente la aprobación del Anteproyecto de Ley de Función Pública, que parchea la anterior Ley con nuevas propuestas, sin ningún beneficio para los trabajadores, dejando más confuso, si cabe, un obsoleto Estatuto Básico del Empleado Público, cuya modificación no hay voluntad política de abordar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y los sindicatos CCOO y CSIF de Andalucía y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el acuerdo de reparto de delegados de prevención entre CCOO, UGT y CSIF, con independencia del resultado de las elecciones sindicales y los sindicatos elegidos por las diferentes plantillas de la Junta.

En el último año, el contrato indefinido se ha multiplicado por tres, ya supone el 43,2 % de los contratos firmados en el último mes, noviembre. Un mes significativo para hablar de contratos, porque la moda del Black Friday ha convertido al undécimo mes del año en el rey de las contrataciones exprés, mucho más que los eneros de antaño, con sus campañas de rebajas a la antigua.

Cuando por la DF 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (PGE 2022) se añadió al artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), una nueva letra f), que establecía, de forma clara y contundente, que “No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social (…) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo”, parecía que había terminado, de forma definitiva, la inseguridad jurídica anterior a dicha reforma en relación con qué orden jurisdiccional –social o contencioso-administrativo– era el competente para conocer de los actos preparativos previos a la contratación del personal laboral por la Administración.