La Confederación USO urge al Gobierno de España a cumplir con las premisas de estabilidad en empleo público exigidas por la Unión Europea
La Unión Europea lleva años exigiendo a los sucesivos gobiernos que se adopten medidas para reducir la temporalidad y la precariedad laboral del empleo público en España.
Nuestro país lleva décadas abusando de las modalidades de contratación temporales y precarias de una manera escandalosa, hasta el punto de que este tipo de «subempleo» alcanza la escalofriante cifra del 30% del total en las Administraciones Públicas.
El porcentaje de contratación temporal injustificada en las distintas AA.PP afecta a casi a 800.000 trabajadores, y alcanzará el millón tras la pandemia del coronavirus.
«Se producen situaciones surrealistas, con carreras profesionales que llegan a su jubilación tras varias décadas en puestos estructurales, pero sin haber logrado en todo ese tiempo la estabilidad laboral. Ocurre en Sanidad, Educación, Administración General del Estado, en Justicia, Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, Emergencias… y en prácticamente el conjunto de los servicios que se prestan desde el ámbito estatal, autonómico o local. Esa temporalidad es un 10% superior a la del sector privado, que ya es decir. Un dato muy significativo es que más de la mitad del empleo público de menores de 40 años en el conjunto de las administraciones es temporal», ha manifestado Joaquín Pérez, secretario general de USO.
En algunos de los casos, se trata de sustituciones limitadas, proyectos temporales o circunstancias excepcionales. Pero la mayoría de los contratos temporales corresponden a plazas consolidadas, labores o puestos imperecederos, puestos de previsible necesidad de disponibilidad o servicios públicos competenciales, lo que hacen totalmente incomprensible su temporalidad.
Para FAC-USO en ningún caso el empleo público puede ser una moneda de cambio que ponga en riesgo los servicios a la ciudadanía.
El mal llamado «diálogo social» ha ido alcanzando acuerdos y propuesto objetivos que han sido incumplidos de forma sistemática, lo que los ha convertido en simple papel mojado.
«Por otro lado, a algunos les ha interesado enfrentar ficticiamente a los trabajadores damnificados por la precariedad eterna de interinos o personal laboral, frente a los que piden acceso al empleo público mediante oposiciones en plazas que llevan cubriéndose con parches humanos durante décadas. Por ello, deberían responder por colaborar con la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo que arrastran estos trabajadores desde hace años y que evidencia el fracaso de sus negociaciones y planteamientos», explica el secretario general de USO.
Por eso, desde USO, «creemos que es importante no verlo únicamente como un problema laboral, sino darle toda su dimensión en cuanto al Estado de Bienestar. La estabilidad laboral de las plantillas públicas revierten en la calidad y eficacia de esos servicios, y en la eficiencia de la protección social. En la actual coyuntura, es más necesario que nunca realzar el empleo público, reforzar los servicios que cubre. Y debe hacerse, además, garantizando que se accede a él bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando las designaciones a dedo y la arbitrariedad escandalosa que, por desgracia, hemos presenciado en las administraciones locales y en la empresa pública, dicho sea de paso», recuerda Joaquín Pérez.
Resolución inmediata de los contratos en fraude de ley
«El sistema de empleo público debe ser claro», ha declarado Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO. Sin embargo, «ante la falta de oferta de empleo público, se ha pasado a fomentar el fraude de ley, consentido y promovido por las propias Administraciones Públicas, que además, son incapaces de resolver la situación que ellas mismas han generado. Y tampoco son capaces de aplicar una solución definitiva a este problema, tal como ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha recalcado Luis Deleito.
«La jurisprudencia de la UE, en resumen, habla de fijeza para estos trabajadores o una indemnización tan fuerte que sea impensable que se recaiga en la contratación en fraude de ley. Pero nuestra clase política no quiere ni una cosa ni la otra. Y así llevamos años. Falta valentía para abordar y resolver este grave problema que afecta a cientos de miles de trabajadores. Una bola que, en lugar de menguar, crece», lamenta el secretario general de FAC-USO.
Nuestra Federación lleva ya dos años con una campaña específica para reclamar, por vía judicial cuando es necesario, cada contratación en fraude de ley en las administraciones.
Pacto de Estado por el empleo público, sin tintes partidistas
Pero, de nuevo, «los dirigentes políticos no han dado para más. No han sido capaces de sacar adelante un pacto de Estado por la calidad del empleo y de los servicios públicos en las administraciones. Los partidos por encima del bien común, otra vez», apunta Joaquín Pérez.
Nuestro sindicato tiene muy claro que «la solución debe plantearse por dos vías. Por un lado, lo referente a los puestos estructurales, que deben cubrirse sí o sí con empleo estable, contemplando prioritariamente para su acceso a los que llevan desarrollando esos trabajos como mérito, mediante conversiones automáticas bien reguladas. Y, por otro, mediante el establecimiento de reglas fijas de conversión en estable en aquellos en los que la horquilla más circunstancial es la que la motiva. Toda administración sabe el porcentaje y número aproximado de puestos sujetos a sustituciones o eventualidades, y cuándo la contratación temporal sobrepasa la cobertura de esas circunstancias».
Mientras se siguen pasando la patata caliente de quién debe resolver la precariedad laboral en la Administración, España sigue muy por debajo de la media de empleo público de los países de la OCDE: en número, pero, sobre todo, en calidad de empleo. «Por eso, no nos extraña que los trabajadores se ofendan con su calificación de ‘esenciales’ a conveniencia, cuando conviene llenarse la boca con su importancia. Pero que su esencialidad se revise semana a semana», concluye Joaquín Pérez.
