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    USO: La PER exige al Gobierno aprobar la ley de Diligencia Debida Destacado

    Lunes, 21 de Noviembre de 2022 99

    Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), de la que USO forma parte, en representación de más de 100 organizaciones de sociedad civil, y sindicatos, con una base social de más de cuatro millones de personas, exigieron el pasado 18 de noviembre al Gobierno cumplir con su compromiso de aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes del fin de esta legislatura.

    Pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se ha avanzado en los trámites. Tal situación pone en riesgo real la aprobación de la ley de diligencia debida.

    Las organizaciones, preocupadas ante la inacción del Gobierno se han concentrado ante el Palacio de la Moncloa donde han entregado una carta exigiendo que se aceleren los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Además, han desplegado una pancarta con el lema “Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA”, en señal de descontento.

    Es urgente que España apruebe esta ley de diligencia debida para exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente en cualquier lugar del mundo. La ley también es crucial para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. Cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo. Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas ni reparación para las víctimas.

    La voluntariedad ya no es suficiente, hay que legislar

    Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, que ha estado acompañada por Raquel Bordoy, secretaria de Formación y Salud Laboral de USO-Madrid, y Santiago González, del Área de Internacional, ha reivindicado la urgencia de aprobación de la ley: “sin una ley, las empresas no sen ven obligadas en ningún momento a evaluar los riesgos de impacto ni a evitarlos. Todas las denuncias del Punto Nacional de Contacto han sido infructuosas porque las empresas no están obligadas a facilitar información sobre su actividad en terceros países. Sin esa ley de diligencia debida no se puede identificar ni mitigar ni rendir cuentas sobre los impactos que la actividad empresarial tiene sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Estamos en un momento en el que la voluntariedad ya no es suficiente y hay que legislar, sin esperar a que lo haga Europa”.

    Con la aprobación de la ley de diligencia debida, España tiene la oportunidad única de liderar junto a los países europeos que ya cuentan con legislación -Francia, Alemania y Noruega-, el proceso de negociación del borrador de directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea en febrero de este año y ser un referente de cara a la Presidencia Española de la Unión Europea que asume en junio de 2023.

    En las últimas semanas, activistas representantes de la PER, han realizado actos simbólicos en las subdelegaciones de Gobierno en varias ciudades españolas para mostrar el descontento de la sociedad civil ante la demora injustificada del Ejecutivo en la tramitación de una ley necesaria que responsabiliza a las empresas que abusan de los impactos sobre las personas y el planeta.

    ¿Por qué es necesario aprobar una ley de diligencia debida que proteja a las personas y el planeta frente a las empresas que abusan?

    Las acciones de las empresas en cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las personas y el medioambiente. La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales. Sin embargo, no existe en España una ley al respecto, quedando a la voluntariedad de las empresas.

    Empresas como Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales y vulneraciones de derechos laborales y sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; CAF, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población palestina; o el proyecto de la hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000 indígenas quekchí, todos ellos denunciados ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, son algunos de los ejemplos de cómo la falta de una ley de debida diligencia puede tener graves consecuencias sobre la población y el medio ambiente.

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