La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) ha registrado ante la Dirección General de la Función Pública un escrito en el que reclama una revisión urgente del criterio de conciliación aplicado en los concursos de traslados de la Administración General del Estado (AGE).
Actualmente, para obtener puntuación por conciliación, se exige que el personal funcionario resida en el mismo municipio en el que se ubica el puesto de trabajo. En la práctica, este requisito actúa como condición excluyente: si no se cumple, no se valora ningún otro aspecto relacionado con la conciliación y se deniega automáticamente la puntuación. El resultado es que, de cientos de solicitudes presentadas, apenas unas pocas —cuando no ninguna— logran una valoración positiva.
FAC-USO considera que este sistema es injusto, desproporcionado y completamente alejado de la realidad socioeconómica actual. Tal y como señaló José Joaquín Castro Fernández, secretario de Desarrollo Sindical de FAC-USO, “aplicar como único criterio el hecho de residir en el mismo municipio del puesto de trabajo ignora las dificultades reales de los empleados públicos y contraviene el espíritu de la legislación vigente en materia de conciliación”.
En ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza, donde los precios de la vivienda resultan inasumibles para gran parte del personal público, este criterio penaliza injustamente a quienes se ven obligados a vivir en municipios cercanos. Por ello, FAC-USO propone invertir el enfoque: otorgar puntuación cuando la plaza solicitada acerque al trabajador a su núcleo familiar (mismo municipio o provincia de residencia de los familiares) en comparación con su plaza de origen.
Además, el sindicato solicita que esta modificación no solo se aplique en futuras convocatorias, sino también en los concursos que aún no han sido resueltos, y reclama la apertura de una mesa técnica en la que estén representados todos los sindicatos con presencia en la AGE para garantizar un modelo justo y real de conciliación.
Con esta iniciativa, FAC-USO reitera su compromiso en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos, apostando por una Administración que no convierta la conciliación en un privilegio, sino en un derecho efectivo.
