La Administración General del Estado puso en marcha en 2022 el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética, que incluía la implantación del trabajo a distancia como herramienta para optimizar recursos públicos y modernizar la organización administrativa. Tres años después, los datos oficiales muestran una implantación relevante del teletrabajo, pero también importantes desigualdades y retos urgentes que requieren una respuesta por parte del Gobierno.
Según el último informe de seguimiento del trabajo a distancia, actualizado a octubre de 2025, cerca de la mitad del personal de la AGE trabaja en modalidad no presencial. Estos datos reflejan que el teletrabajo se ha consolidado como una forma de prestación de servicios dentro del sector público estatal.
El teletrabajo, clave para la conciliación e igualdad
El análisis por género evidencia una participación mayoritaria de mujeres en el trabajo a distancia, lo que confirma su utilidad para favorecer la conciliación y avanzar en igualdad. Sin embargo, FAC-USO advierte de que esta realidad obliga a establecer garantías que eviten que el teletrabajo pueda convertirse en un factor de discriminación o freno en la carrera profesional, especialmente para las trabajadoras públicas.
Desigual implantación según perfiles profesionales
Los datos muestran que el teletrabajo está mucho más extendido entre personal administrativo y de gestión, mientras que su implantación es mínima en los puestos directivos. Este desequilibrio evidencia la necesidad de revisar los criterios y asegurar que el modelo de trabajo híbrido no consolide estructuras jerárquicas poco adaptadas a los nuevos entornos laborales.
El teletrabajo debe ser un derecho accesible para todos los empleados públicos que puedan realizar su labor en esta modalidad, con criterios homogéneos, objetivos y negociados.
Exigencia sindical: más garantías y medios para el personal público
FAC-USO reclama que el desarrollo del teletrabajo en la AGE avance sobre bases sólidas y equitativas. Para ello, exigimos:
- Negociación inmediata de una regulación clara, estable y garantista.
- Dotación de medios tecnológicos y herramientas adecuadas para todo el personal.
- Protección frente a riesgos psicosociales y reconocimiento del derecho a la desconexión digital.
- Formación específica en competencias digitales y gestión de equipos híbridos.
- Evaluación objetiva del desempeño que no penalice a quienes teletrabajan.
- Transparencia absoluta en los criterios de autorización y seguimiento.
Modernización sí, retrocesos no
El teletrabajo ha llegado para quedarse en las Administraciones Públicas. FAC-USO reconoce los avances y la dedicación del personal público en este proceso, pero alerta: no aceptaremos modelos restrictivos ni retrocesos que limiten derechos, oportunidades o conciliación.
La Administración General del Estado debe ser referente de empleo público moderno, eficiente y socialmente justo. Para ello, el teletrabajo debe consolidarse como un derecho con garantías, igualdad y respeto al personal que lo presta.
FAC-USO seguirá vigilante y reivindicando mejoras para asegurar que la digitalización de la Administración avance sin dejar a nadie atrás.
