FAC-USO valora positivamente el incremento de la financiación destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pero advierte de que este avance debe tener una consecuencia directa e inmediata: mejorar el empleo, los salarios, las plantillas y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector.
El Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, eleva la aportación de la Administración General del Estado al SAAD hasta los 5.513 millones de euros en 2026. Se trata de un incremento relevante, pero desde FAC-USO insistimos en que la financiación pública no puede quedarse únicamente en el plano presupuestario: debe llegar a los centros, a los servicios y, especialmente, a las personas trabajadoras que hacen posible la atención diaria a mayores, personas dependientes y personas con discapacidad.
Cuidar a quienes cuidan
El sistema de dependencia se ha consolidado como un pilar esencial del Estado del Bienestar. Según los datos recogidos en la propia norma, en mayo de 2026 casi 1,7 millones de personas recibían alguna prestación o servicio del SAAD. Además, el sector emplea a más de 500.000 personas, de las que alrededor del 80% son mujeres.
Para FAC-USO, estos datos evidencian una realidad que venimos denunciando desde hace años: los cuidados sostienen una parte fundamental de nuestra sociedad, pero quienes los prestan continúan trabajando en demasiadas ocasiones con salarios bajos, sobrecarga laboral, falta de personal, dificultades de conciliación, jornadas exigentes y escaso reconocimiento profesional.
No puede haber un sistema de cuidados digno si se mantiene la precariedad de quienes lo sostienen.
La financiación debe traducirse en empleo de calidad
FAC-USO considera imprescindible que el aumento de recursos públicos se vincule a compromisos laborales claros. Más financiación debe significar más plantilla, mejores ratios, salarios dignos, estabilidad en el empleo, prevención de riesgos laborales, formación real y condiciones de trabajo acordes con la responsabilidad física, emocional y profesional que exige el sector.
También reclamamos que las administraciones públicas incorporen garantías laborales estrictas en los contratos, conciertos y licitaciones vinculados a residencias, centros de día, ayuda a domicilio y servicios de atención a la dependencia. No es aceptable que fondos públicos destinados a cuidados terminen sosteniendo modelos basados en adjudicaciones a la baja, plantillas insuficientes o condiciones laborales deterioradas.
La calidad asistencial y la dignidad laboral son inseparables. Cuando faltan profesionales, cuando los salarios no reconocen la responsabilidad del trabajo y cuando las plantillas soportan cargas inasumibles, se deteriora tanto la salud laboral como la atención que reciben las personas usuarias.
Una reivindicación constante de FAC-USO
Esta posición no es nueva. FAC-USO viene situando el sector sociosanitario como un ámbito estratégico de acción sindical, tanto por su importancia social como por la necesidad urgente de dignificar sus condiciones laborales.
En los últimos meses, la Federación ha reforzado su trabajo en Galicia en el ámbito de la dependencia y las residencias, ha denunciado en Jaén la falta de personal, los sueldos precarios y las dificultades para garantizar una atención de calidad, y ha respaldado las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores de residencias y centros de día en La Rioja ante el bloqueo patronal y la necesidad de un convenio digno.
Estos conflictos reflejan un problema estructural: el sistema de dependencia no puede descansar sobre plantillas agotadas, feminizadas, precarizadas y mal reconocidas. Si las administraciones quieren consolidar un modelo de cuidados moderno, público, suficiente y de calidad, deben asumir que la primera garantía del sistema son sus profesionales.
FAC-USO exige corresponsabilidad a administraciones y patronales
FAC-USO reclama a las administraciones públicas que hagan seguimiento real del destino de los fondos destinados a dependencia y que garanticen que el incremento presupuestario repercute en la mejora efectiva de los servicios y de las condiciones laborales.
Del mismo modo, exigimos a las patronales del sector responsabilidad, voluntad negociadora y compromiso con unas condiciones dignas. No puede utilizarse la financiación pública para sostener márgenes empresariales mientras las plantillas siguen reclamando mejoras básicas en salarios, descansos, jornadas, ratios y estabilidad.
La dependencia es una cuestión de justicia social. Pero la justicia social no puede limitarse a las personas que reciben cuidados: debe alcanzar también a quienes los prestan.
Sin empleo digno no hay cuidados dignos
FAC-USO considera que el aumento de financiación del SAAD es un paso positivo, pero insuficiente si no va acompañado de una transformación real del empleo en el sector.
Los cuidados deben ser una política de Estado, pero también una política laboral justa. Defender la dependencia es defender a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas dependientes y, al mismo tiempo, a las trabajadoras y trabajadores que cada día garantizan su atención.
Desde FAC-USO seguiremos exigiendo que cada euro público destinado a dependencia sirva para reforzar el sistema, mejorar la calidad asistencial y dignificar las condiciones laborales de quienes cuidan.
Porque no habrá cuidados dignos mientras quienes cuidan sigan trabajando en condiciones precarias.
