Los graves incendios forestales registrados durante las últimas semanas, que han obligado incluso a declarar la emergencia de interés nacional en comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha, han vuelto a evidenciar que las Administraciones Públicas deben estar preparadas para proteger no solo a la ciudadanía, sino también a los miles de empleados públicos que continúan prestando servicio en estas situaciones.
Tras informar recientemente sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras ante evacuaciones, confinamientos y restricciones de movilidad provocadas por los incendios, FAC-USO da un paso más y ha elaborado una Guía Práctica sobre los derechos del personal del sector público ante incendios forestales, catástrofes y otras situaciones de emergencia, junto con un documento específico sobre las medidas preventivas que deben adoptarse cuando la calidad del aire se ve gravemente afectada por el humo.
El humo también es un riesgo laboral
FAC-USO recuerda que la contaminación por humo no es únicamente un problema ambiental, sino también un riesgo laboral que puede provocar irritación ocular y respiratoria, agravar patologías cardiovasculares o respiratorias y afectar especialmente a quienes desarrollan su trabajo al aire libre o en zonas próximas a los incendios.
Por ello, la Federación reclama que las Administraciones evalúen este riesgo y adopten medidas preventivas como la reorganización de turnos, la suspensión de trabajos no imprescindibles en el exterior, la limitación de desplazamientos, el teletrabajo cuando sea posible, la utilización de equipos de protección adecuados y la vigilancia específica de la salud del personal especialmente sensible.
La seguridad no puede depender de la improvisación
La guía elaborada por FAC-USO explica qué derechos asisten al personal cuando desplazarse al centro de trabajo supone un riesgo grave e inminente, qué obligaciones corresponden a la Administración como empleadora, cuál debe ser la actuación de los delegados y delegadas de prevención e incluso incorpora un modelo de comunicación para que las personas trabajadoras puedan informar a sus responsables cuando las circunstancias les impidan acudir con seguridad a su puesto de trabajo.
Asimismo, la organización vuelve a denunciar la desigualdad existente entre el personal laboral y el personal funcionario.
Mientras los trabajadores sujetos al Estatuto de los Trabajadores disponen del permiso retribuido previsto en el artículo 37.3.g) para estas situaciones, el Estatuto Básico del Empleado Público sigue sin reconocer un permiso equivalente para el personal funcionario, una diferencia que FAC-USO considera necesario corregir.
Protocolos frente a la emergencia climática
Para FAC-USO, los grandes incendios vividos este verano confirman que estos episodios ya no pueden considerarse situaciones excepcionales.
La creciente frecuencia de incendios forestales, olas de calor, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos exige que todas las Administraciones Públicas dispongan de protocolos claros, negociados y conocidos por toda la plantilla, evitando que las decisiones se adopten de forma improvisada cuando la emergencia ya se ha producido.
La Federación reclama, entre otras medidas, la adaptación de las evaluaciones de riesgos al cambio climático, sistemas rápidos de información a las plantillas, protocolos específicos frente al humo y la mala calidad del aire, una protección equivalente para el personal funcionario y laboral y la participación activa de los delegados y delegadas de prevención en la gestión de estas emergencias.
La protección de la vida y de la salud de los empleados y empleadas públicas no puede quedar al albur de la improvisación.
Es una obligación legal de todas las Administraciones Públicas y una condición imprescindible para garantizar unos servicios públicos seguros y eficaces en un escenario marcado por la emergencia climática.
