El Servicio Público de Empleo Estatal recurre nuevamente a una empresa privada para desarrollar trabajos vinculados a la mejora de su sistema de gestión de prestaciones por desempleo.
FAC-USO reclama que las necesidades estructurales del organismo se afronten reforzando sus plantillas y capacidades propias.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha vuelto a recurrir a la contratación externa para desarrollar trabajos relacionados con el sistema de gestión de las prestaciones por desempleo, en un contexto en el que el organismo continúa necesitando un importante refuerzo de sus recursos humanos.
FAC-USO considera especialmente preocupante que la respuesta a necesidades que se prolongan en el tiempo siga pasando por contratar servicios externos mientras las oficinas y servicios centrales del SEPE necesitan más personal, estabilidad en sus plantillas y medios suficientes para atender adecuadamente a la ciudadanía.
La nueva contratación tiene por objeto el “Servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo” y contempla la participación de un equipo externo de profesionales que desarrollará diferentes trabajos relacionados con el análisis, seguimiento, adaptación y mejora de los sistemas utilizados en la gestión de las prestaciones.
El contrato puede alcanzar varios años de duración y supone un desembolso potencial de más de cinco millones de euros.
Para FAC-USO, la cuestión no es oponerse a la modernización tecnológica del organismo. Al contrario: el SEPE necesita mejores sistemas informáticos, automatización de procesos y herramientas capaces de facilitar el trabajo de sus empleados públicos.
La cuestión es otra: ¿por qué necesidades que se repiten durante años siguen resolviéndose mediante empresas externas en lugar de reforzar también las capacidades propias del SEPE?
Un equipo privado para trabajar sobre el sistema de prestaciones
La documentación de la contratación establece la necesidad de disponer de un equipo mínimo de profesionales externos para prestar el servicio.
Entre los trabajos previstos se encuentran actuaciones relacionadas con el análisis y definición de necesidades, seguimiento del sistema de protección por desempleo, adaptación y mejora de procedimientos, mantenimiento de documentación, asesoramiento y participación en proyectos relacionados con la gestión de prestaciones.
También se pretende avanzar en la automatización de determinados procesos y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.
FAC-USO advierte de que estamos hablando de sistemas relacionados con una de las competencias esenciales del SEPE: la protección por desempleo de millones de trabajadores y trabajadoras.
Por ello, la Federación considera fundamental garantizar que el conocimiento técnico y funcional necesario para gestionar estos sistemas permanezca también dentro de la propia Administración.
No es una privatización de las prestaciones, pero sí una externalización que debe preocupar
FAC-USO quiere ser rigurosa: este contrato no supone que una empresa privada vaya a decidir quién tiene o no derecho a cobrar el paro, ni significa que el SEPE deje de ser responsable de reconocer, suspender, reanudar o extinguir las prestaciones.
Estas competencias continúan correspondiendo al organismo público y a sus empleados públicos.
Pero eso no impide cuestionar el modelo.
Lo que sí se está contratando externamente son trabajos vinculados al funcionamiento, análisis, seguimiento y mejora del sistema mediante el cual se gestionan esas prestaciones.
Y cuando estas necesidades dejan de ser excepcionales y se repiten durante años, FAC-USO considera legítimo preguntarse qué parte de ellas debería cubrirse mediante personal público estable y especializado.
El SEPE lleva más de una década recurriendo a este tipo de contratos
Existe además un elemento especialmente significativo: no estamos ante una contratación aislada.
El propio Boletín Oficial del Estado acredita que el SEPE lleva años licitando servicios con la misma denominación.
Ya en 2013 se publicó una licitación para el “Servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo”, con una duración prevista de dos años y posibilidad de prórroga.
En 2018, el SEPE volvió a contratar un servicio con exactamente el mismo objeto. El contrato fue adjudicado a una empresa privada por más de 1,2 millones de euros.
Y nuevamente, en 2021, encontramos otro procedimiento denominado “Servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo”, adjudicado por más de 826.000 euros.
Más de una década después de aquella licitación de 2013, el SEPE continúa recurriendo a empresas externas para atender necesidades relacionadas con este ámbito.
Para FAC-USO, esta continuidad obliga a formular una pregunta fundamental:
¿Seguimos hablando de necesidades coyunturales o estamos ante necesidades estructurales del SEPE?
Porque si una determinada función, conocimiento o necesidad se mantiene durante años, la Administración debería analizar seriamente la conveniencia de internalizar capacidades y reforzar sus propios recursos humanos.
Mientras tanto, el personal del SEPE soporta una enorme carga de trabajo
Esta política de contratación externa resulta todavía más difícil de entender teniendo en cuenta la situación que vienen soportando las plantillas.
Los empleados y empleadas públicos del SEPE han tenido que afrontar durante los últimos años importantes cargas de trabajo, pérdida y envejecimiento de efectivos, cambios normativos constantes y una transformación tecnológica permanente de los procedimientos.
Todo ello afecta directamente a la capacidad del organismo para prestar un servicio adecuado.
Cuando faltan trabajadores en las oficinas, las consecuencias no las sufre únicamente la plantilla.
Las sufre también la ciudadanía.
Dificultades para conseguir cita, retrasos en determinadas gestiones, saturación de las unidades y sobrecarga de los empleados públicos son algunas de las consecuencias de mantener durante demasiado tiempo unas plantillas insuficientemente dimensionadas.
La digitalización no puede convertirse en sustitución de empleo público
FAC-USO defiende sin reservas la modernización de las Administraciones Públicas.
Digitalizar procedimientos, automatizar tareas repetitivas, mejorar aplicaciones informáticas o incorporar nuevas tecnologías puede reducir burocracia y permitir que los empleados públicos dediquen más tiempo a tareas de mayor valor añadido.
Pero existe una línea que no debemos cruzar.
La digitalización debe servir para fortalecer los servicios públicos, no para justificar la reducción de sus capacidades internas.
Un organismo público no puede depender progresivamente de empresas externas para conservar el conocimiento necesario para desarrollar algunas de sus funciones fundamentales.
Cuando el conocimiento técnico, funcional y organizativo termina concentrándose fuera de la Administración, aumenta la dependencia respecto de proveedores privados y disminuye la autonomía de los propios organismos públicos.
FAC-USO considera imprescindible preservar el conocimiento dentro del SEPE y garantizar el relevo generacional mediante personal propio adecuadamente formado.
Más empleo público y menos dependencia de empresas externas
FAC-USO reclama al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a la Dirección General del SEPE una política decidida de fortalecimiento del organismo.
Es necesario cubrir vacantes, anticiparse a las jubilaciones, reforzar las unidades con mayores cargas de trabajo y dimensionar adecuadamente las Relaciones de Puestos de Trabajo.
También resulta imprescindible incorporar y retener perfiles especializados, mejorar la formación, reconocer las responsabilidades asumidas por las plantillas y garantizar unas retribuciones acordes con las funciones realmente desempeñadas.
La contratación externa puede resultar necesaria para proyectos tecnológicos concretos o conocimientos extraordinariamente especializados.
Lo que FAC-USO cuestiona es que la externalización termine convirtiéndose en la respuesta habitual a necesidades que se prolongan durante años.
FAC-USO: modernizar el SEPE sí, debilitar sus capacidades propias no
El debate, por tanto, no debe reducirse a si este contrato concreto cuesta uno, cinco o diez millones de euros.
El verdadero debate es qué modelo de Administración Pública queremos.
FAC-USO apuesta por una Administración moderna, digitalizada y eficiente, pero también por una Administración dotada de empleados públicos suficientes y capaz de conservar dentro de sus propias estructuras el conocimiento necesario para prestar servicios esenciales.
Las prestaciones por desempleo afectan directamente a la seguridad económica de millones de trabajadores y familias.
Por eso, el SEPE necesita tecnología y modernización.
Pero necesita también algo mucho más básico: personal suficiente, empleo público estable, conocimiento propio y unas condiciones laborales y retributivas capaces de atraer y conservar profesionales cualificados.
Después de más de una década de contrataciones externas relacionadas con la mejora del sistema de prestaciones, FAC-USO considera que ha llegado el momento de preguntarse si parte de esos recursos no deberían destinarse también a fortalecer definitivamente las capacidades propias del Servicio Público de Empleo Estatal.
Los servicios públicos se modernizan invirtiendo en tecnología, pero también invirtiendo en las personas que los sostienen.
