El Gobierno estudia implantar alertas antes de que los contratos temporales superen los tres años y endurecer las sanciones, pero FAC-USO advierte de que prevenir futuros incumplimientos no resuelve la situación de quienes llevan años o décadas en precariedad
El Gobierno trabaja con las comunidades autónomas en una nueva batería de medidas para combatir el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas.
Entre las propuestas que se encuentran en estudio figura la creación de un sistema de alertas que avise cuando una contratación temporal se aproxime al límite de tres años y el posible endurecimiento de las sanciones por la utilización abusiva de este tipo de relaciones laborales.
FAC-USO considera imprescindible reforzar los mecanismos de prevención y control, pero advierte de que una alerta puede contribuir a evitar el próximo abuso, no reparar el que ya se ha producido.
Por el momento, no existe un proyecto normativo publicado ni una medida definitivamente aprobada.
Las actuaciones se encuentran todavía en fase de preparación técnica por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con las comunidades autónomas y con consultas a entidades locales y organizaciones sindicales, según las informaciones publicadas por RTVE y El País.
Más de 900.000 personas temporales en las Administraciones Públicas
Los datos manejados por el Ejecutivo sitúan en más de 900.000 el número de personas empleadas públicas temporales. De ellas, algo menos de 200.000 llevarían más de tres años en esa situación.
El Gobierno utiliza este último dato para acotar provisionalmente la dimensión del abuso.
Sin embargo, FAC-USO advierte de que no toda situación abusiva puede reducirse automáticamente a un único límite estadístico.
La duración constituye un elemento fundamental, pero también deben analizarse la sucesión de nombramientos o contratos, la cobertura permanente de necesidades estructurales, la inexistencia de una causa objetiva y los posibles cambios formales de puesto o vínculo contractual utilizados para mantener durante años una relación temporal.
FAC-USO reclama, por tanto, transparencia sobre la metodología empleada para obtener la cifra de 200.000 personas y exige que ese cálculo no se utilice para minimizar un problema que continúa siendo estructural.
La temporalidad sigue alrededor del 32 %
Los resultados alcanzados después de la aprobación de la Ley 20/2021 también obligan a mantener la prudencia ante los nuevos anuncios.
El objetivo declarado en 2021 era reducir la temporalidad estructural por debajo del 8 %. Sin embargo, la tasa en el conjunto del sector público continúa alrededor del 32 %, con una incidencia especialmente elevada en las administraciones autonómicas.
Desde entonces se han ofertado más de 550.000 plazas de estabilización y alrededor de 440.000 ya habrían sido estabilizadas. Pese a ello, muchas administraciones han continuado cubriendo necesidades permanentes mediante personal temporal, al mismo tiempo que desarrollaban los procesos extraordinarios.
Para FAC-USO, estos datos confirman que estabilizar plazas no basta si las Administraciones siguen reproduciendo el mismo modelo de contratación precaria.
FAC-USO: prevenir, sancionar y reparar
FAC-USO valora favorablemente cualquier mecanismo que permita detectar anticipadamente las situaciones irregulares, mejorar la planificación de las plantillas y exigir responsabilidades a las Administraciones incumplidoras.
Pero la futura regulación deberá actuar en tres direcciones inseparables:
- Prevenir que vuelvan a generarse situaciones de temporalidad abusiva.
- Sancionar de manera efectiva y disuasoria a las Administraciones responsables.
- Reparar individualmente a quienes ya han sufrido durante años las consecuencias del abuso.
La Federación insiste en que no puede trasladarse nuevamente a las personas trabajadoras el coste de una gestión irregular de los recursos humanos. Tampoco sería aceptable que las nuevas medidas se limitaran a interrumpir o sustituir contratos cuando se aproximen a los tres años, convirtiendo la alerta en un mecanismo para rotar personal y ocultar necesidades que continúan siendo permanentes.
Las plazas estructurales deben cubrirse con empleo estable, mediante procesos ágiles, planificados y dotados de garantías. Al mismo tiempo, quienes ya han sido víctimas del abuso deben recibir una solución real, proporcionada y adaptada a sus circunstancias.
Europa ya ha cuestionado las respuestas aplicadas en España
Las nuevas medidas se preparan después de que las instituciones europeas hayan cuestionado reiteradamente la respuesta española.
En abril de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que figuras como el personal indefinido no fijo, las indemnizaciones limitadas y los procesos de estabilización no bastan por sí solos para sancionar adecuadamente el abuso ni eliminar sus consecuencias. FAC-USO reclamó entonces una respuesta inmediata del Gobierno.
Ese mismo mes, la Comisión Europea remitió a España dos dictámenes motivados por no proteger suficientemente al personal público frente a la utilización abusiva de contratos temporales sucesivos y por mantener diferencias de trato contrarias a la normativa europea. Si España no adopta medidas satisfactorias, la Comisión puede llevar nuevamente el asunto ante el TJUE.
En mayo, el Tribunal Supremo rechazó la conversión automática en personal fijo con carácter general, aunque abrió nuevas vías de fijeza en determinados supuestos, indemnización y exigencia de responsabilidades.
FAC-USO ha seguido impulsando estas vías jurídicas. En los últimos meses, sus servicios jurídicos han obtenido resoluciones que reconocen indemnizaciones por abuso de temporalidad y una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara la condición de personal laboral fijo de un trabajador que había superado un proceso selectivo.
Estos pronunciamientos demuestran que cada situación debe analizarse individualmente y que el abuso debe tener consecuencias jurídicas reales.
Una reivindicación sostenida dentro y fuera de España
FAC-USO lleva años situando la lucha contra la temporalidad abusiva en el centro de su acción sindical y jurídica. La Federación ha promovido cientos de reclamaciones, participado en movilizaciones y trasladado el problema al ámbito europeo.
En junio de 2025, FAC-USO defendió ante el Congreso una posición clara: no se trata únicamente de estabilizar plazas, sino de ofrecer una solución justa a las personas que han sufrido el abuso.
Posteriormente, la Federación llevó esta reivindicación al Grupo del Mediterráneo de EPSU, denunciando las limitaciones de la Ley 20/2021 y reclamando una respuesta europea coordinada.
Las personas afectadas no pueden seguir esperando
FAC-USO considera positivo que el Gobierno reconozca la necesidad de introducir nuevos controles, pero recuerda que han pasado años de reformas, procesos de estabilización, litigios y advertencias europeas sin que España haya ofrecido todavía una solución completa.
Las alertas pueden ayudar a detectar futuros incumplimientos. Las sanciones pueden contribuir a que el abuso no resulte gratuito. Pero ninguna de esas medidas, por sí sola, compensa el daño sufrido por quienes han sostenido durante años servicios públicos esenciales desde la inseguridad y la precariedad.
FAC-USO seguirá defendiendo una regulación que combine prevención, estabilidad, sanciones efectivas y reparación individual. Porque evitar que el abuso vuelva a repetirse es imprescindible, pero reparar a quienes ya lo han sufrido es igualmente inaplazable.
