FAC‑USO exige al Gobierno actualizar los salarios conforme al coste real de la vida y reclama a los sindicatos presentes en la Mesa General una defensa más firme de las plantillas
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC interanual alcanzó el 4,3 % en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más alto desde febrero de 2023. El transporte se encareció un 9,5 %, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,3 %.
La situación es todavía más preocupante en algunos territorios. Galicia registra una inflación del 4,8 %, la segunda más elevada del país, solo por detrás de Cantabria, que alcanza el 5,1 %. Estos datos confirman que las familias trabajadoras necesitan cada vez más dinero para adquirir los mismos productos y servicios.
Los precios suben muy por encima de los salarios públicos
Mientras el coste de la vida aumenta un 4,3 %, el personal empleado público tiene reconocida para 2026 una subida fija del 1,5 %.
El Acuerdo Marco firmado por el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF contempla otro 0,5 % adicional, condicionado a que el IPC anual de 2026 sea igual o superior al 1,5 %, y cuyo abono se produciría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Aunque con el dato conocido hasta agosto parece muy probable que se cumpla esta condición, el 0,5 % todavía no puede darse por definitivamente consolidado hasta que se conozca el IPC anual de todo 2026.
En cualquier caso, incluso si finalmente se aplica la subida total del 2 %, esta seguiría situándose claramente por debajo del incremento actual de los precios. No puede presentarse como una recuperación del poder adquisitivo una actualización salarial que ni siquiera compensa la inflación.
Una pérdida acumulada que continúa sin repararse
La pérdida de poder adquisitivo del empleo público no comienza este año. Entre 2021 y 2025, las subidas generales acumuladas alcanzaron aproximadamente el 13,6 %, frente a una inflación acumulada cercana al 22,8 %. La diferencia supone una pérdida real aproximada del 7,5 % frente al IPC general, sin tener en cuenta la evolución especialmente negativa de productos esenciales como la vivienda, la energía, el transporte y la alimentación.
Además, cada empleado o empleada pública afronta una realidad diferente en función de sus trienios, complementos, carrera profesional, destino y comunidad autónoma. Por ello, esta cifra debe entenderse como una referencia sobre la evolución del salario público homogéneo, no como una pérdida idéntica para todas las nóminas.
FAC‑USO ya ha advertido en anteriores ocasiones de que el personal de las Administraciones Públicas acumula una pérdida de poder adquisitivo muy superior a la que las sucesivas subidas salariales han conseguido compensar.
El Gobierno no puede seguir utilizando al empleo público como variable de ajuste
FAC‑USO considera injustificable que quienes sostienen diariamente la sanidad, la justicia, los servicios sociales, la Administración, la seguridad, las emergencias y la atención a la ciudadanía vean cómo sus salarios pierden valor año tras año.
Las empleadas y empleados públicos han soportado durante años la falta de personal, el aumento de las cargas de trabajo, la temporalidad, la pérdida de derechos y unas condiciones retributivas que no reflejan la responsabilidad de sus funciones.
Cuando suben los precios, no se reducen el alquiler, la cesta de la compra, los recibos, los carburantes ni las hipotecas porque el salario público solo aumente un 1,5 %. La pérdida de poder adquisitivo se traduce directamente en una reducción de la capacidad económica de miles de familias.
Por ello, FAC‑USO exige al Gobierno:
- La aplicación inmediata y homogénea de la subida del 1,5 % de 2026 y el abono puntual del 0,5 % adicional si se confirma el cumplimiento de la condición prevista.
- La apertura de una negociación específica para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
- La inclusión por ley de una cláusula de revisión salarial automática vinculada al IPC real.
- Un plan plurianual de recuperación de los salarios públicos, con una duración máxima de cinco años.
- La actualización de complementos, dietas, indemnizaciones y carreras profesionales.
- La homologación retributiva entre Administraciones y colectivos bajo el principio de «a igual trabajo, igual salario».
FAC‑USO reclama más responsabilidad a los sindicatos de la Mesa General
FAC‑USO también reclama a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas una actuación más firme y comprometida con las plantillas.
CCOO, UGT y CSIF no pueden limitarse a firmar acuerdos que consolidan subidas insuficientes y condicionadas para después presentar como avances lo que, en realidad, apenas contiene una parte de la pérdida acumulada.
Estar presente en la Mesa General implica negociar, pero también exigir, informar con transparencia y movilizar a los trabajadores cuando las propuestas no garantizan una mejora real de sus condiciones de vida.
Las organizaciones sindicales deben defender con mayor contundencia a quienes dicen representar. El personal público necesita una estrategia clara para recuperar lo perdido, no acuerdos que perpetúen el empobrecimiento salarial.
La propia USO reclama que las subidas salariales estén vinculadas al IPC y advierte de que, cuando los precios crecen más que los salarios, las familias trabajadoras se empobrecen año tras año.
Los precios suben. Las responsabilidades también. El salario público no puede seguir perdiendo.
FAC‑USO seguirá defendiendo una negociación salarial real, transparente y orientada a recuperar el poder adquisitivo de todas las empleadas y empleados públicos.
