La publicación de la nueva jornada en Justicia refuerza la reivindicación de quienes siguen esperando la reducción en administraciones autonómicas y ayuntamientos. FAC-USO defiende su extensión sin pérdida salarial, con negociación y plantillas suficientes.
La jornada de 35 horas continúa avanzando en el empleo público, pero su implantación sigue siendo desigual.
Mientras la Administración General del Estado cuenta con una regulación desde abril y el BOE acaba de publicar las resoluciones correspondientes a Justicia, parte del personal autonómico y local continúa trabajando 37,5 horas semanales.
Para FAC-USO, estos avances deben servir para impulsar la reducción allí donde todavía está pendiente. La mejora de las condiciones laborales y de la conciliación debe alcanzar al conjunto del empleo público, respetando las particularidades de los servicios y las competencias de cada Administración.
La Federación ya defendió en su posicionamiento del 31 de marzo una extensión real de las 35 horas, acompañada de medios suficientes y garantías para las plantillas.
Madrid y Galicia: la reducción sigue pendiente en la Administración autonómica
Desde FAC-USO consideramos prioritario avanzar en la implantación de la jornada de 35 horas en las administraciones autonómicas de Madrid y Galicia, donde la jornada general continúa siendo de 37,5 horas semanales.
Los avances en otros ámbitos del empleo público refuerzan una reivindicación que debe traducirse en mejoras efectivas de la conciliación y de las condiciones laborales para quienes todavía tienen pendiente esta reducción.
Reclamamos a ambos gobiernos autonómicos que impulsen la negociación y concreten un calendario de implantación.
En Galicia, esto exige abordar las modificaciones normativas necesarias; en Madrid, avanzar en un acuerdo que permita hacer efectiva la medida.
Las dificultades organizativas deben resolverse con planificación, cobertura de vacantes y plantillas suficientes, evitando que la reducción de jornada se traduzca en una mayor sobrecarga de trabajo o en un deterioro de la atención a la ciudadanía.
Existen también situaciones pendientes en Cataluña, donde existe negociación pero persisten discrepancias sobre el cómputo anual, y Navarra, donde la reducción continúa siendo una reivindicación sin materializar.
Estas referencias describen la jornada general de la Administración autonómica: no significan que todos los empleados públicos destinados en esas comunidades tengan el mismo horario, puesto que conviven administraciones, sectores y regímenes diferentes.
Los ayuntamientos mantienen otro foco de desigualdad
La Administración local presenta diferencias incluso entre municipios de una misma comunidad autónoma.
Valencia, Palma, Vitoria y A Coruña siguen sin implantar la reducción general a 35 horas, y también hay situaciones pendientes en Ciudad Real, Soria y Teruel.
La resolución estatal de 14 de abril de 2026 establece expresamente que la nueva jornada general de la AGE no se aplica a las entidades locales ni a otras administraciones.
Esta situación refuerza la necesidad de impulsar la negociación en los ámbitos pendientes y concretar la reducción en acuerdos, calendarios y medidas organizativas que permitan disfrutarla efectivamente.
Un acuerdo anunciado no equivale todavía a una jornada implantada
También es necesario distinguir los avances normativos de su aplicación práctica. En la Comunidad Valenciana, existe un acuerdo para introducir las 35 horas cuya implantación todavía estaba pendiente.
Baleares presenta una situación diferente: la información oficial del Govern confirma que la jornada de 35 horas tiene efectos desde el 1 de junio de 2026 pero únicamente para el personal funcionario incluido en el acuerdo de servicios generales.
Justicia: las 35 horas ya están publicadas en el BOE
El BOE del lunes 21 de septiembre publicó la Resolución de 15 de septiembre para el personal de la Administración de Justicia y la Resolución de 17 de septiembre para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Ambas entran en vigor el 22 de septiembre y fijan una jornada ordinaria de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.512 horas anuales.
Para el régimen de especial dedicación establecen un máximo de 37,5 horas semanales.
La distribución de la jornada y los horarios se articula mediante los calendarios laborales correspondientes.
En el caso del personal comprendido en la resolución del día 15, su aprobación corresponde al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias asumidas, dentro de sus respectivos ámbitos y previa negociación sindical.
Reducir la jornada con garantías para las plantillas y la ciudadanía
FAC-USO defiende que la extensión de las 35 horas vaya acompañada de condiciones que hagan efectiva la mejora:
- Sin pérdida salarial.
- Con refuerzo de plantillas y cobertura de vacantes, especialmente en los servicios más tensionados.
- Con negociación de calendarios, turnos y horarios, atendiendo a las particularidades de cada ámbito.
- Sin trasladar al personal una mayor sobrecarga de trabajo ni deteriorar la atención a la ciudadanía.
Estas demandas forman parte del posicionamiento que la Federación ya trasladó ante la reducción en la AGE y mantienen su sentido en las administraciones que todavía no la han implantado.
El avance en Justicia debe dar impulso a quienes siguen esperando.
Las 35 horas no pueden depender del código postal ni de la Administración en que se trabaje: deben convertirse en una mejora efectiva de las condiciones laborales en el conjunto de las administraciones públicas.
