El secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO, SPJ-USO, Javier Toro, y la secretaria de Desarrollo Electoral, Gema Benítez, registraron el pasado 16 de noviembre, en el Senado, 4.500 firmas recogidas en tan solo una semana para pedir que se escuchen las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia antes de finalizar el trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica sustancialmente sus condiciones de trabajo sin haber mediado negociación alguna con los representantes de los trabajadores.
Los responsables de SPJ-USO, acompañados de la secretaria confederal de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez, y del secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, Luis Deleito, han mantenido una reunión con la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, en la que le han trasladado las principales preocupaciones de los funcionarios ante la reforma. La senadora se ha comprometido a mantener las enmiendas presentadas por su partido, que van en la línea de lo solicitado por los trabajadores, e incluso a pedir una ampliación del plazo de presentación de las mismas, ahora fijado para el 20 de noviembre, para que haya tiempo a una negociación que no lesione tanto las condiciones del personal.
Esta entrega de firmas y petición de reuniones, que se ha realizado también a PP, PSOE y Unidos-Podemos, aunque no se han producido aún, se enmarca en una jornada de huelga que “está teniendo un alto seguimiento en todo el territorio, tanto en el que depende del Ministerio como en los de competencias transferidas, aunque aún es pronto para dar un dato oficial de seguimiento”, manifiesta Javier Toro. “Esto está demostrando que el colectivo se ha cansado de tantos atropellos y está despertando. No es casualidad que en el plazo de diez días se haya producido una huelga de letrados, estemos de huelga los funcionarios y vayamos a vivir un paro de jueces. Le estamos diciendo al Ministerio que esta casa no está funcionando”, continúa el secretario general de SPJ-USO.
Uno de los artículos más gravosos para el personal es el 521, que liberalizará el destino dentro del municipio, “tanto en funciones, perdiendo por completo la especialización al pasarnos de un juzgado a otro sin tener en cuenta qué labores venimos desempeñando, como físicamente, que en municipios grandes puede suponer varios kilómetros. Pero tampoco nos permite recuperar los derechos perdidos en cuanto a incapacidades temporales y otros recortes”, matiza Toro.
