Como es sabido, la Unión Europea está negociando con diferentes estados y regiones económicas del mundo numerosos tratados de libre comercio. La novedad es que esas negociaciones ya no vienen incluyendo -como anteriormente- el capítulo dedicado a las inversiones, sino que éstas se regulan de forma separada. Ello permite a la Comisión Europea evitarse bloqueos de los parlamentos de los Estados Miembros como ocurrió con el CETA.
Desde el punto de vista sindical y de múltiples organizaciones sociales, los tratados en negociación siguen mostrando graves carencias, como sería el instrumento de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS).
Ante ello, USO, junto a otros sindicatos y varias organizaciones sociales se han reunido en Madrid el 12 de enero, en los locales de Greenpeace, para construir una alianza y discutir sobre el diseño de campañas de sensibilización y de propuesta alternativa a estos tratados.
Los compromisos alcanzados en dicha reunión son los de participar en una campaña de recogidas de firmas a nivel europeo, para reunir al menos un millón de firmas. También, editar material específico para los diferentes canales multimedia e incidir políticamente en las candidaturas políticas en las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales. La campaña comenzará en algunos países el próximo 22 de enero.
Los actuales tratados de inversión que se están discutiendo incorporan un instrumento sobre cómo dirimir las controversias sobre decisiones de los estados (provenientes de leyes) y lo que consideren las empresas inversoras que afectan negativamente a sus beneficios. Tal y como se está acordando, las divergencias entre las empresas y los Estados se dirimirían en arbitrajes internacionales específicos compuestos por bufetes de abogados que unas veces hacen de árbitros y otras de defensores de un estado o de la empresa que presente el recurso -y lógicamente estimulados a cobrar cuántos más pleitos se hagan-.
Todo el procedimiento se realiza sustrayendo la competencia al sistema judicial ordinario del país de que se trate al haber sido aprobado como un tratado internacional. Así, por ejemplo, la decisión de recortar en España las subvenciones a las energías renovables una vez amortizada su inversión, aprobada por el gobierno español y que encarecían las tarifas eléctricas, ha sido recurrida por los inversores porque afecta al flujo de beneficios futuros. A España le reclaman miles de millones de euros por beneficios futuros no obtenibles por el cambio de la ley de subvenciones.
Además, la Campaña contra estos tratados de inversiones apoyará la aprobación de un tratado vinculante sobre empresas multinacionales y el respeto a los derechos humanos, en el ámbito de las Naciones Unidas, y que, desde el punto de vista jurídico, jerárquicamente mandate a cualquier tratado de libre comercio o de inversiones, para reglamentar la globalización.
