La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), de la que FAC-USO forma parte, reitera la necesidad de un tope urgente e inmediato a los precios de la electricidad y el gas. Apoyamos plenamente las demandas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para que se establezca un tope en el coste de las facturas de energía para los ciudadanos y un impuesto sobre los beneficios excesivos que obtienen las empresas energéticas para redistribuirlos entre los consumidores vulnerables que realmente lo necesitan.
La explosión de los precios de la energía está haciendo subir la inflación y mermando los salarios de los trabajadores. Al mismo tiempo, los aumentos salariales se mantienen muy por debajo de los niveles de inflación. Recordamos al Consejo de Ministros, así como a la Comisión Europea, que el derecho a la energía está inscrito en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Necesitamos medidas urgentes para hacer frente a las necesidades actuales de los trabajadores y de todas las personas en apuros. Cualquier reforma del mercado eléctrico debe contemplar el derecho a la energía para todos. La limitación de los precios de la energía, la prohibición de las desconexiones y la inversión pública masiva en la renovación de las viviendas son pilares fundamentales en este empeño. Al mismo tiempo, debemos mantener nuestra atención en el camino hacia la neutralidad del carbono para 2050.
La actual crisis energética se ve agravada por las erróneas políticas neoliberales de creación de mercados y liberalización de los sectores de la electricidad y el gas. Mientras millones de personas luchan por pagar, los directores generales y los accionistas de las empresas energéticas disfrutan de beneficios récord a su costa. Antes de la guerra de Ucrania, las previsiones a largo plazo mostraban que el rápido aumento de los precios de la energía no era simplemente un hipo del mercado. Más bien, estos precios son señales de problemas más profundos relacionados con nuestra política energética en Europa, como la liberalización, la austeridad y la restricción del control estatal.
En 1999, la FSESP publicó un informe en el que advertía de los peligros de la liberalización de la energía (fracaso del mercado, falta de democracia, captura de las empresas), seguido de un informe en 2014 en el que se hacía un balance de los fracasos del mercado a la hora de proporcionar energía descarbonizada y asequible para todos. Desde entonces, hemos advertido de los crecientes niveles de pobreza energética. La situación es crítica. Necesitamos actuar ya.
En los últimos meses hemos sido testigos de la actuación individual de los Estados miembros, como se ha visto en España y Portugal, donde la reforma del mercado de la energía ha permitido reducir las facturas, o en Italia y Grecia, que han impuesto impuestos a los beneficios inesperados. En Francia, la empresa eléctrica, que ahora es 100% estatal, está contribuyendo a reducir las facturas y a controlar la inflación. En definitiva, se necesitan empresas públicas con el mandato de actuar en pro del interés público, mejor para los usuarios, los trabajadores y el planeta.
Esperamos que el Consejo avance en la reforma radical de los mercados energéticos. Deben permitir soluciones de servicio público para limitar los precios de la energía, seguir invirtiendo tanto en energías renovables como en eficiencia energética y ofrecer apoyo a quienes tienen problemas para pagar sus facturas.
