A nivel estatal, el inicio de la huelga indefinida convocada por SPJ-USO con carácter indefinido, junto con el resto de centrales sindicales representativas en el ámbito de la Administración de Justicia, tras un mes de paros parciales y jornadas puntuales, dispara el seguimiento de ésta con la suspensión acumulada de más del 85 %, aplazados más de 500.000 juicios y 30 millones de actuaciones procesales afectadas.
Desde SPJ-USO consideran que la ministra de Justicia está siendo incapaz de gestionar con un mínimo de solvencia el conflicto con los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y denuncian ante la opinión pública la paradoja de sentirse «maltratados» por una ministra, de profesión juez, que olvida al motor de esta Administración en favor de los Cuerpos Superiores de Letrados y sus compañeros de judicatura, con quienes ha cerrado acuerdos para la mejora de sus condiciones, dejando en el olvido a quienes hacen “realidad” la justicia en España.
Este despropósito tiene entre sus consecuencias la de provocar el hundimiento del buen funcionamiento de uno de los poderes del Estado sin que se “digne”, tan siquiera, a negociar la implantación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que modifica las condiciones de trabajo de personal al servicio de la Administración de Justicia; la actualización de un complemento como es el general del puesto que lleva más de 20 años sin revisarse y la implantación de una carrera profesional que viene recogida en la Ley desde 2018.
SPJ-USO insta a la Ministra a que corrija de inmediato esta situación convocando al conjunto de comités de huelga y aborde una negociación seria para desencallar el conflicto en el que nos encontramos. De lo contrario, pasarán años hasta que esta Administración vuelva a retomar los tiempos “normales” de respuesta los ciudadanos, dejando claro que la única culpable de esta situación es la titular del ministerio que, por su incapacidad, está llevando al abismo a la justicia.
