USO inicia una acción legal para que los efectos de la sentencia futura afecten a todos los trabajadores, hayan recurrido o no
El goteo de pleitos presentado en la Gerencia de Urbanismo contra su organización laboral acabará en las próximas semanas como consecuencia de la presentación de un conflicto colectivo. El sindicato ASIG-USO ha puesto el caso en manos de un bufete de abogados que ya ha realizado las primeras gestiones para que los recursos puestos en marcha contra el plan de estabilización no sean individuales.
El problema de fondo estriba en el plan de estabilización que se ha puesto en marcha en la Gerencia de Urbanismo que es distinto al del resto de todo el Ayuntamiento. La estabilización de funcionarios públicos es un procedimiento legal iniciado por el Gobierno central que convierte a todos los empleados públicos sin plaza, si llevan mucho tiempo en el cargo, en funcionarios fijos. Se basa en los méritos y no en oposiciones de toda la vida. El de Urbanismo es particular, diferente a los demás del Ayuntamiento, porque se estabiliza a 75 personas de la plantilla como laborales (contratados) y no como funcionarios. Es la gran mayoría de la plantilla de la Gerencia.
La presentación de un conflicto colectivo, explican fuentes jurídicas, se olvida de la actual situación de goteo en que los trabajadores descontentos, los que entienden que deben ser funcionarios, presentan recursos judiciales individuales. Los juzgados de lo contencioso administrativo están rechazando los pleitos presentados al entender que no son competentes. Los casos se están derivando a la jurisdicción social, las antiguas Magistraturas de Trabajo.
La diferencia entre pleitos individuales y conflicto colectivo consiste en los efectos de la sentencia que, en el futuro, se emita desde los tribunales. El paso dado por ASIG-USO implica que el fallo que en su día se reciba será de aplicación tanto para los trabajadores que hayan presentado recurso como para los que no lo han hecho. Y es que en la Gerencia de Urbanismo hay un debate interno fuerte sobre cómo se tiene que organizar esto. El PP optó en el anterior mandato por atender las peticiones de los sindicatos que están de acuerdo con seguir siendo laborales por los efectos económicos que existen y las diferencias en materia de negociación entre empresa y plantilla.
Las sentencias que se están conociendo sobre la materia relacionadas con el Ayuntamiento de Córdoba y los criterios del Gobierno sobre la materia son bastante nítidos. Los puestos de trabajo que desempeñen labores funcionariales tienen que salir a estabilización como funcionarios. Los que puedan desarrollarse como laborales o contratados tienen que salir con esa consideración.
Urbanismo ha tenido durante muchos años un grave problema de falta de funcionarios de carrera –con sistemas de ingreso tradicionales– a la hora de realizar determinadas actividades. Los funcionarios de carrera son los únicos puestos de trabajo de la Administración que están protegidos por determinadas prerrogativas como la presunción de veracidad que es clave, por ejemplo, para crear departamentos de inspección.
