En un comunicado, SPJ-USO en Andalucía critica que la Junta tarda el triple que el resto en cubrir las bajas por enfermedad del personal de justicia
El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) inició el pasado martes una campaña a nivel local y regional para denunciar esta situación.
En la nota de prensa, SPJ-USO denuncia que, cuando un funcionario de justicia de Andalucía se ausenta de su puesto de trabajo con motivo de una enfermedad, su puesto se queda desocupado durante tres meses hasta que, pasado ese plazo, la Junta de Andalucía decide cubrirlo por personal interino que se haga cargo de la sustitución.
Este retraso injustificado está perjudicando gravemente a los ciudadanos andaluces y al servicio público de justicia, ya que este retraso en la cobertura de bajas por enfermedad triplica al tiempo que tardan otras comunidades autónomas, donde estas bajas se cubren, como mucho, en el plazo de un mes desde que se producen.
Así está expresamente regulado en la normativa específica de Cataluña, Aragón, Cantabria e incluso en el territorio que gestiona directamente el Ministerio de Justicia por no haberse transferido aún las competencias de Justicia (en conjunto once comunidades autónomas).
Por ello, desde SPJ-USO se ha iniciado una campaña de denuncia de este agravio injustificado, siendo además Andalucía la comunidad autónoma con más carga de trabajo de todo el territorio nacional, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ.
La campaña va a incluir la recogida de firmas contra esta medida entre los compañeros y compañeras destinados en todos los órganos judiciales y fiscales de Andalucía.
En Andalucía, hasta el año 2013, se producía esta cobertura en el plazo de un mes, y fue en dicha fecha y como consecuencia del ajuste presupuestario realizado por la Junta de Andalucía, cuando se implantó esta gravosa medida de dilatar la cobertura de bajas tres meses.
Desde SPJ-USO se reclama que esta medida se deje sin efecto cuanto antes, pues perjudica enormemente al ciudadano y al servicio público esencial de justicia en la comunidad autónoma, ahonda aún más en el colapso de los órganos judiciales y fiscales andaluces y aumenta la brecha con respecto al resto de comunidades, que soportan una menor carga de trabajo.
