Aunque el debate sobre los impuestos, en el marco de la agenda de la financiación del desarrollo, fue reorientado drásticamente, la cuestión de la financiación y el reconocimiento del papel de los servicios públicos en el desarrollo, continúa planteando problemas.
La ISP organizó un evento de OSC, paralelo a la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo (FFD3), titulado: «Mission Impossible: Development without Public Services”, con el objetivo de plantear las preocupaciones que suscitan las repercusiones de las asociaciones público-privadas (PPP) en la sanidad, la educación, el agua y el saneamiento; y de proponer opciones políticas alternativas más compatibles con el desarrollo social.
La Agenda de Acción aboga por ofrecer protección social y acceso a los servicios públicos esenciales a todo el mundo, pero se resiste a utilizar la palabra ‘pública’ al referirse a la sanidad, el agua y la educación y promueve decididamente las PPP, sin limitación o salvaguarda alguna.
Esto implica que la privatización está a punto de convertirse en política oficial de la ONU. Muchos gobiernos continúan apoyando las asociaciones público-privadas con la esperanza de que el sector privado financie sus infraestructuras y servicios públicos. Sin embargo, la experiencia con las llamadas asociaciones público-privadas (PPP) demuestran el fracaso de la privatización, tanto en países ricos como pobres, y que resultan una forma clara e ineficiente de financiar las infraestructuras y servicios, dado que ocultan las subvenciones públicas y ofrecen garantías estatales a largo plazo de beneficios para las compañías privadas.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, dijo:
“En el contexto de la crisis económica, los gobiernos reciben presiones cada vez mayores para encontrar soluciones rápidas a cuestiones difíciles, como el mantenimiento de los servicios públicos y la financiación de las infraestructuras. Cuanto más se extiende la crisis, mayor es la presión para encontrar soluciones, así como el riesgo de olvidar las causas originarias: la avaricia, la desregulación y el exceso de fe en las corporaciones privadas.
Nuestro informe “¿Por qué las asociaciones público-privadas no funcionan?” supone la culminación de 30 años de experiencia y de evaluación de la privatización en países ricos y pobres. Desmitifica los oscuros procesos asociados a las asociaciones público-privadas, la mayoría de las cuales esconden negociaciones confidenciales para proteger el secreto comercial, carecen de consultas públicas, rebosan de falsas promesas y entrañan contratos increíblemente complejos, diseñados para proteger los beneficios corporativos. Además, abundan los sobornos, ya que los contratos de privatización pueden llegar a ser extremadamente valiosos.
Las PPP se utilizan para ocultar subvenciones públicas y ofrecen garantías estatales a largo plazo de beneficios a las compañías privadas. Las compañías privadas deben maximizar sus beneficios para sobrevivir. Este principio es incompatible con la protección del medio ambiente y con la garantía de acceso universal a los servicios públicos de calidad.
Estas políticas de privatización también están vinculadas a la nueva ola de negociaciones de tratados comerciales (TISA, TPP, TTIP), que están siendo acordados a puerta cerrada y con una enorme influencia de los intereses corporativos. Los acuerdos de comercio no solo facilitan las PPP, además las bloquean, haciendo casi imposible revertirlas, independientemente de sus resultados.
Las formas de financiar la sanidad cambiaron y en el total del gasto sanitario hay una proporción cada vez mayor del pago de nuestro propio bolsillo y una contribución cada vez menor del gasto público sanitario. Las compañías multinacionales de la sanidad están utilizando diversas estrategias para penetrar en los mercados de todo el mundo.
Las reformas promovidas por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y los Bancos Regionales de Desarrollo, como la comercialización, descentralización y corporativización del sector público, ofrecen oportunidades a las multinacionales de penetrar en el sector de la sanidad pública. La expansión de la comercialización de la sanidad pública y de los servicios de atención social facilita la inclusión de estos servicios en los tratados de comercio, que acabarán abriéndose a la competencia entre las compañías de servicios globales.
El Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional del grupo del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) promueven también las PPP en el sector de la educación. Luego de una fase de promoción de la “participación del sector privado” en proyectos educativos, pasaron a erigirse en los principales defensores a escala mundial de los acuerdos de asociación de este tipo.
Si bien los paladines de las PPP las presentan como la panacea para solucionar la falta de recursos, la equidad y la calidad, hay propuestas alternativas y ejemplos excelentes que no implican renunciar a la educación como un bien público responsabilidad del Estado. La movilización innovadora de los recursos nacionales a través de la tributación progresiva, entre otros medios, puede solventar la falta de recursos de manera sostenible.
En aquellos sectores que se estén planteando las PPP será preciso hacerlas pasar por una supervisión intensa, hacerlas cumplir criterios estrictos y que demuestren que realmente suponen un valor añadido frente a las formas tradicionales de contratación pública. Los mecanismos de contratación deberían garantizar que el sector privado beneficia a las economías locales y no infringe el derecho al desarrollo imponiendo condiciones, sino que apoya todos los aspectos de la agenda del desarrollo sostenible.
Existe una alternativa pública la privatización, en la que los gobiernos nacionales y locales continúan desarrollando las infraestructuras a través de los fondos públicos para la inversión y en la que las organizaciones del sector público suministran el servicio. Esta alternativa supone enormes beneficios para la población, como una mayor flexibilidad, control y eficiencia comparativa —debido a que se reducen los costes de transacción y la incertidumbre contractual, y se generan economías de escala— además de la eficiencia en la gestión derivada de la transparencia democrática.
La ISP colabora con sindicatos nacionales y con otros movimientos sociales. Nuestra labor en materia de comercio ha logrado que se preste más atención al tema y suscitado varios debates serios sobre los méritos de las negociaciones en curso. En el sector de los servicios de utilidad pública, nuestra labor ha contribuido a una ola de “remunicipalizaciones” en todo el mundo, sobre todo en el sector del agua. Y nuestras alternativas a las PPP, las asociaciones público-público, basadas en la solidaridad y no en los beneficios, están teniendo repercusiones en el desarrollo de la comunidad.
Por todas estas razones que hemos debatido hoy aquí, instamos a que se excluyan de esta agenda la promoción de los PPP en los servicios públicos esenciales que implican la responsabilidad de los Estados de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, a la educación y a la sanidad; y a la reintroducción de salvaguardias en los PPP —incluidas, hasta el 12 de junio, en el borrador de la Agenda de Acción—.
“Tenemos que asegurarnos de que la agenda corporativa no privatiza el desarrollo en su propio interés. Necesitamos una asociación mundial que funcione en beneficio de la ciudadanía de todo el mundo
