Comunicado de la Agrupación de Bomberos Profesionales de Castilla y León.
SE BUSCA EMPRESA PRIVADA para… la «Contratación de un servicio de rescate y salvamento, que se define a efectos de este contrato como Grupo Rescate y Salvamento de Castilla y León para atender a las emergencias que surjan en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Su labor principal será la realización de búsquedas y rescates en entornos de difícil acceso, así como otras labores de protección civil, como evacuaciones, traslado de víveres o personas, y participación en situación de emergencia que deriven o no en la declaración de planes de Protección Civil, como el INUNCYL, MPCYL, PLANCAL, etc.»
Con este párrafo, se pone a la venta de forma definitiva el Servicio Público de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León. El pasado 26 de septiembre se abrió la veda a que el mejor postor optase a la adquisición del Grupo de Rescate, que ya de forma privada, prestará servicio los próximos años en el territorio de Castilla y León.
Este servicio de Rescate, ejercido de forma ininterrumpida por bomberos profesionales de Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León desde sus inicios, y durante mas de ocho años, actuó de forma permanente en el territorio de Castilla y León, e incluso fuera de él, como por ejemplo, tras el trágico terremoto de Haití. En este periodo fueron rescatadas más de 650 personas en zonas de acceso difícil, terreno complicado de alta montaña y en lugares inaccesibles para cualquier otro medio de actuación, todas ellas rescatadas con la máxima entrega, dedicación y profesionalidad.
Del mismo modo, el colectivo de bomberos implicados en la creación del grupo, arrancaron de cero este proyecto, creando técnicas y procedimientos, organizando el servicio, llevando a cabo una labor preventiva hacia la sociedad y en definitiva, consagrando este nuevo Grupo de Rescate a un nivel altamente destacado.
Hasta marzo de 2015 el Grupo de Rescate de Castilla y León estaba formado por 30 bomberos profesionales que ofrecían un servicio integral de rescate, aéreo y terrestre, todos los días del año, las 24 horas del día, repartidos por todo el territorio de la Comunidad. Desde sus inicios, el colectivo de bomberos profesionales buscó la negociación con la Junta de Castilla y León para buscar su regularización laboral mediante convenios de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, algo viable ya que los servicios jurídicos de la Junta avalaron esta opción. Sin embargo, por falta de voluntad política y capacidad de negociación entre administraciones, la Agencia de Protección Ciudadana optó por la salida más fácil, la privatización.
De esta manera, se abre hoy el mercado a cualquier empresa que quiera buscar su rentabilidad económica en este Servicio Esencial de Rescate. Un Servicio creado para atender y auxiliar al ciudadano, un Servicio que no debería utilizarse para dar beneficios o engordar las cuenta de resultados. Con un presupuesto de licitación que alcanza los 316.199,62 €, se duplica con creces el presupuesto que manejaba la Junta para compensar, formar y equipar a 30 rescatadores, y sin embargo, ni siquiera se especifica en el pliego el personal mínimo obligatorio a contratar por la empresa adjudicataria. Tan solo se exige un mínimo de dos rescatadores diarios, es decir, que con un presupuesto que supera los 300.000 €, bastaría con tener a cuatro trabajadores en plantilla.
Otro aspecto que preocupa mucho, y ya desde el punto de vista de ciudadano de a pie, es la formación y capacitación de los trabajadores que formen parte de la empresa adjudicataria, ya que en ningún punto del pliego se especifica que preparación o titulación debe poseer el personal que ejerza la labor de Rescate, la cual, para actuar con garantías, debería certificar una alta cualificación.
Los bomberos que formaban el GRS habían superado en primer lugar una Oposición libre para acceder a las plantillas de sus respectivas Administraciones locales, en segundo lugar habían avalado dominio en técnicas de rescate y salvamento y justificado una experiencia en deportes de montaña y conocimiento del medio natural de Castilla y León superando unas exigentes pruebas de alpinismo y escalada. Por último, el personal seleccionado debía superar un periodo de formación específico para aprender a afrontar cualquier rescate en cualquier tipo de situación.
Además de lo comentado, hay que recordar que con esta licitación se está cometiendo una ilegalidad, ya que la Ley de Protección Ciudadana 4/2007 y su articulado relacionado con los Bomberos profesionales (funcionarios de carrera y agentes de la autoridad) lo dice bien claro, que los Cuerpos de bomberos tienen las funciones de rescate y salvamento.
Del mismo modo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su artículo 92.3 menciona que: «Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función».
Por todo lo expuesto, la Plataforma Unitaria de Bomberos de Castilla y León se opone firmemente a este proceso de licitación y venta de este Servicio Público y Esencial de Rescate y Salvamento y pide a la administración que recapacite y no ponga en manos de empresas privadas, guiadas por un beneficio económico, un servicio en el que su primordial objetivo es la atención al ciudadano, precisamente en esos críticos momentos en los que una buena actuación puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte.
Valladolid a 05 de Octubre de 2015.
