Despacho administrativo con expedientes y calendario que representa la prórroga de interinos vinculados al PRTR

El Gobierno rectifica y prorroga algunos nombramientos de interinos hasta diciembre

La presión sindical obliga a Función Pública a rectificar y permite prorrogar algunos nombramientos del PRTR hasta diciembre

FAC-USO reclama que la continuidad se aplique con transparencia y que se revise cada cese comunicado el 31 de agosto

La presión ejercida por FAC-USO, y la advertencia sobre el impacto que los ceses podían tener en organismos esenciales como el SEPE, ha obligado a Función Pública a rectificar parcialmente su decisión inicial.

Tal y como informamos el pasado 31 de agosto, cientos de funcionarios interinos vinculados a programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) recibieron comunicaciones en las que se anunciaba la finalización de sus nombramientos con efectos de ese mismo día.

La decisión se justificó en el final del plazo previsto para la ejecución de los fondos europeos. Sin embargo, desde el primer momento advertimos de que el cierre de una fase de ejecución no suponía la desaparición de las tareas de control, seguimiento, justificación y auditoría que todavía deben realizarse.

Algunos nombramientos podrán continuar hasta el 31 de diciembre

FAC-USO ha tenido conocimiento que Función Pública habría trasladado a los departamentos ministeriales la posibilidad de prorrogar determinados nombramientos hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida no supone una prórroga general ni automática. La continuidad dependerá de que cada ministerio u organismo justifique que la persona interina sigue siendo necesaria para realizar tareas imprescindibles relacionadas con la fiscalización, el cierre organizativo, el seguimiento o la auditoría de los fondos europeos.

Por tanto, será cada departamento el que deberá identificar los puestos y las funciones que justifican la continuidad, evitando que la aplicación de esta posibilidad quede sometida a criterios arbitrarios o diferentes entre organismos.

La rectificación evidencia que el cese masivo acordado inicialmente no respondía a una desaparición real de todas las necesidades de trabajo.

Si existen tareas imprescindibles que deben seguir realizándose hasta final de año, resulta difícilmente comprensible que se comunicara el cese de cientos de personas con apenas unos días de antelación y sin una planificación previa.

Además, el propio calendario oficial del Plan de Recuperación mantiene obligaciones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha prevista para su finalización.

El SEPE continúa siendo uno de los organismos más afectados

El caso del Servicio Público de Empleo Estatal resulta especialmente preocupante. Más de un centenar de interinos vinculados al PRTR estaban llamados a cesar, pese a que el propio organismo había solicitado que pudieran continuar al menos hasta el 30 de septiembre para completar la presentación de documentación y las solicitudes finales de pago.

Desde FAC-USO venimos denuncia que el SEPE cuenta con una plantilla claramente insuficiente, que apenas alcanzaría los 7.200 efectivos frente a los aproximadamente 11.600 que serían necesarios para atender sus funciones.

La salida de estos trabajadores supone trasladar a una plantilla ya sobrecargada tareas que no desaparecen con el final de los nombramientos. También implica perder experiencia y conocimiento acumulado en la gestión, control y verificación de los fondos europeos.

La eventual prórroga hasta diciembre puede aliviar parcialmente esta situación, pero no resuelve el problema de fondo: la Administración sigue utilizando nombramientos temporales para atender necesidades que, en muchos casos, presentan una evidente continuidad.

La presión sindical pone en evidencia la falta de planificación

El planteamiento defendido por FAC-USO durante este proceso es que no puede adoptarse una decisión de esta magnitud sin información previa, sin negociación con la representación legal de los trabajadores y sin explicar quién asumirá las tareas pendientes.

La propia rectificación de Función Pública demuestra que la denuncia estaba justificada.

La prórroga no cierra la puerta a reclamar

FAC-USO considera positivo que se haya abierto la posibilidad de mantener algunos nombramientos, pero advierte de que esta medida no puede utilizarse para dar por resuelto el conflicto.

En primer lugar, deberá comprobarse que la prórroga se aplica con criterios objetivos y homogéneos. No sería aceptable que personas que realizan funciones similares recibieran respuestas diferentes dependiendo del ministerio u organismo en el que prestan servicio.

En segundo lugar, la posibilidad de continuidad hasta diciembre no debe impedir revisar los ceses que ya se hayan ejecutado. Cada caso deberá analizarse teniendo en cuenta:

  • la resolución inicial de nombramiento;
  • las prórrogas o renovaciones posteriores;
  • la duración prevista, especialmente cuando figure una fecha posterior a agosto de 2026;
  • las funciones realmente desempeñadas;
  • la existencia de tareas pendientes;
  • la continuidad de esas mismas funciones después del cese;
  • la existencia de nombramientos sucesivos;
  • y el contenido de la resolución formal de cese.

El hecho de que el nombramiento estuviera vinculado formalmente al PRTR no demuestra por sí solo la existencia de fraude de ley. Sin embargo, tampoco puede utilizarse esa vinculación para ocultar situaciones en las que se hayan atendido necesidades estructurales, se hayan realizado funciones ordinarias o se hayan encadenado nombramientos temporales durante periodos prolongados.

FAC-USO estudiará individualmente los casos en los que existan indicios de abuso de temporalidad, uso estructural de personal interino, incumplimiento de la duración inicialmente prevista o cese anticipado injustificado.

Qué deben hacer las personas afectadas

Las personas cuyo nombramiento haya finalizado o que todavía no hayan recibido confirmación sobre su continuidad deben conservar toda la documentación y solicitar cuanto antes información sobre su situación.

En particular, deben guardar:

  • resolución de nombramiento;
  • resoluciones de prórroga o renovación;
  • correos o mensajes recibidos;
  • documento registral o resolución formal de cese;
  • documentos en los que figure la duración prevista del nombramiento;
  • descripción de las funciones realizadas;
  • nóminas y certificado de servicios prestados;
  • documentación sobre vacaciones y asuntos propios;
  • y cualquier prueba de que las tareas continúan después del cese.

El correo informativo no siempre equivale al acto administrativo formal de cese. Por ello, será imprescindible conocer qué documento se ha dictado, cuándo se ha notificado y qué vías de recurso existen en cada caso.

FAC-USO seguirá defendiendo estabilidad y empleo público de calidad

La rectificación de Función Pública confirma que la decisión inicial fue precipitada y carecía de una planificación adecuada.

No se puede contratar personal para gestionar fondos europeos, permitir que acumule durante años experiencia y conocimiento especializado y, cuando llegan las fases más delicadas de justificación, control y auditoría, prescindir de esas mismas personas sin una explicación individualizada.

La Administración debe garantizar la continuidad de los servicios, proteger el conocimiento acumulado y ofrecer una respuesta estable a quienes han venido desempeñando funciones necesarias para el funcionamiento de los organismos públicos.

FAC-USO reclama:

  • que se informe de manera inmediata y transparente a todas las personas afectadas;
  • que la posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre se aplique con criterios objetivos;
  • que se revoquen o revisen los ceses cuando sigan existiendo necesidades de servicio;
  • que se negocie con la representación legal de los trabajadores;
  • y que se estudien individualmente las posibles situaciones de abuso de temporalidad o fraude de ley.

La presión sindical ha conseguido frenar una decisión injusta y desorganizada. Ahora corresponde a Función Pública garantizar que la rectificación no sea meramente formal y que ninguna persona afectada quede sin respuesta.

Porque el trabajo continúa. Y quienes lo han realizado no pueden ser tratados como una herramienta temporal que la Administración utiliza y desecha según el calendario de los fondos europeos.

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