El polémico acuerdo de las liberaciones sindicales en Extremadura

USO Extremadura denuncia el regalo de 55 liberados sindicales.

USO Extremadura denuncia el regalo de 7800 horas sindicales al mes por parte de la Junta a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, lo que equivale a 55 liberados sindicales, con un coste anual para las arcas públicas que rondaría los 2 millones de euros.

En el DOE de 13 de noviembre de 2012, se publicó un Acuerdo de la Mesa General de Negociación en el que el Gobierno de José Antonio Monago, concedía a las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF una bolsa de 7800 horas mensuales a cambio de un compromiso de no convocar elecciones sindicales en el ámbito de personal laboral en la Administración General de la Junta de Extremadura durante un periodo de tiempo.

Es decir, se concedían esas liberaciones a cambio de no hacer algo que no podían hacer.

Este pacto viene heredado de un Acuerdo anterior de 1994, firmado con el Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y fue denunciado públicamente en abril de 2020 por USO, siendo avalado nuevamente por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara.

Según esto, durante 30 años, los diferentes Gobiernos autonómicos han concedido unas prebendas a estas centrales sindicales que desde USO consideramos que han contribuido a conseguir la Paz Social que hemos vivido en Extremadura durante décadas y que, en cierto modo, han conseguido perpetuarnos en el vagón de cola nacional en condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras.

USO Extremadura solicita la anulación del acuerdo

Desde USO pedimos la anulación de este Acuerdo que está lastrando las cuentas públicas, máxime cuando el actual Gobierno argumenta que está buscando los fondos para abonar lo que debe de la subida del 2% de 2020 y se están malgastando 2 millones de euros al año en estas prebendas, pese a que con esta anulación USO perdería 6 liberaciones sindicales.

Desde USO ya se denunció esta situación ante el anterior Gobierno autonómico sin que hiciese nada para corregirla, por lo que esperamos que el actual Gobierno de coalición tome cartas en el asunto, anule este Acuerdo y vele por la correcta utilización de los fondos públicos, invirtiendo estos fondos en mejoras económicas para el conjunto de los empleados de nuestra región.

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