El Consell de Govern ha informado, a través de una nota de prensa, de la aprobación de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) correspondiente al personal funcionario de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El número de plazas, de servicios generales, que integran la relación de puestos de trabajo queda fijada en 5.404, de las que han sido modificadas/restructuradas un total de 1.000 plazas, ya sea por un cambio de perfil por nombre, grupo, sistema de provisión, cuerpos o requisitos que se exigen para su cobertura.
Lo que no dice la nota del Govern Balear son las modificaciones realizadas unilateralmente de RPT y de las que USO no está de acuerdo y así lo hemos hecho constar en acta, por entender que es una nueva “chapuza” y que sintetizamos a continuación:
– Del incremento y mantenimiento de las plazas de libre designación (LD) a pesar de las reiteradas sentencias firmes en contra de esa mala praxis de los responsables de las administraciones públicas.
– Del fomento partidista de la valoración subjetiva de la experiencia «sin demostrar» a suplir por formación o titulación acreditada.
– De la apertura de plazas a otras administraciones y otros ámbitos (A5-A7-A8) y donde la reciprocidad prevalece por sus ausencia «de la calle vendrán y de tu casa de echaran».
– Del incremento de complementos específicos sin aportar orden de funciones y sin justificar de forma objetiva el incremento económico.
– La modificación unilateral de un conjunto indeterminado de plazas aumentando los requisitos sin contraprestación económica. A título de ejemplo; a las plazas de funcionarios de comunicación en puesto base, se les impone “manu militar” horario especial y dedicación exclusiva, ahora se les exigirán funciones que les correspondería realizar al personal eventual,donde hay (22 plazas y con retribuciones de 46.000 euros anuales) Ciertamente esta situación genera un escenario de comedia
– El mantenimiento de docenas de profesores docentes compartiendo dependencias y las tareas administrativas con el personal administrativo propio de la conselleria de educación. Esta situación perjudica profesionalmente al personal de servicios de servicios generales pues las plazas ocupadas por docentes, no salen ni a concurso, ni a promoción ni a oferta pública
En definitiva, si tuviésemos que puntuar esta actuación administrativa de la Dirección General de Función Pública como una evaluación del desempeño, daríamos un suspenso; a una nueva RPT que modifica complementos específicos sin orden de funciones, a un incremento sustancial de LD sin justificar, donde la tendencia adictiva de la administración a modificar la RPT convierte el proceso negociador en un puro trámite y donde todo está decidido de antemano.
Ahora queda todo “embastado” para la próxima convocatoria del concurso de traslados
