La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, tal y como ha reseñado en su balance de 2017. La institución presidida por Francisco Fernández Marugán ha considerado que las distintas administraciones deben luchar contra esta lacra social con dos enfoques: género e infancia. En este sentido, aboga por poner en marcha mejoras en la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género y otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos, y tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos, superando las 750 actuaciones de oficio. En total, se gestionaron más de 25.550 expedientes.
Otro asunto que ha centrado la actividad del Defensor del Pueblo ha sido la defensa de los derechos de las personas migrantes, reclamando mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y solicitando infraestructuras adecuadas con personas y recursos para atender eficazmente las llegadas de personas en situación irregular. También ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La Institución inició una actuación de oficio que ha derivado en estas recomendaciones tras detectar numerosas carencias en las visitas realizadas a estos centros. El Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que el Defensor no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica.
También, la institución abrió una investigación de oficio tras conocer las detenciones de los periodistas turcos Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, sujetos a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía. El Defensor del Pueblo reclamó que se tuviese en cuenta la situación actual de los Derechos Humanos en Turquía a la hora de establecer las fases del procedimiento de extradición de los dos periodistas, extradición que finalmente rechazó el Gobierno.
La protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica ha sido otro de los ejes de actuación del Defensor del Pueblo en 2017, proponiendo reducir la parte fija de la factura eléctrica; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y que se aplique a la electricidad un IVA reducido.
En cuanto al copago sanitario, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan, proponiendo la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves, así como eximir a las personas con discapacidad con grado reconocido, y a aquellas con ingresos económicos que no superen un umbral mínimo.
En el ámbito educativo, se continuó el trabajo en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad, recomendando que los escolares con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
En el balance de 2017, el Defensor del Pueblo también hace mención especial al fin de la huelga de examinadores de tráfico, apoyada por la USO, tras cinco meses de paros; conflicto en el que, tras recibir más de 1.700 quejas ciudadanas, reclamó a la DGT medidas urgentes, interesándose por el posible déficit estructural que soporta la plantilla de examinadores de tráfico.
