Según el XXII Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, publicado en marzo de 2022, trece de las diecisiete comunidades autónomas están incumpliendo la normativa estatal de dependencia, que fija un máximo de seis meses para resolver los expedientes. Aproximadamente, un 3% de la población española necesita apoyo o asistencia para poder desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, según el informe. Pero, a pesar de ello, y aunque el número de personas en espera de atención ha disminuido en los últimos dos años, a finales de 2021 había una lista de espera de 193.346 personas. Esta cifra supone el 13,66 % de las personas cuyo derecho ha sido reconocido. Es decir, 6 de cada 10 personas han recibido una valoración de su dependencia, pero aún no han recibido la prestación o el servicio al que tienen derecho. El resto, todavía están pendientes de recibir una valoración.
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