Un año después de haber lanzado su ilegal y brutal invasión sobre Ucrania, prosigue la campaña rusa de muerte y terror contra la población, con la complicidad de Belarús.
A lo largo de ese año, decenas de miles de civiles han perdido la vida y muchos más han resultado heridos, como consecuencia de los ataques de las fuerzas rusas lanzados contra ciudades, pueblos e infraestructuras críticas incluyendo hospitales y plantas energéticas. El futuro de innumerables personas ha quedado irreversiblemente afectado. Cientos de combatientes mueren cada día.
Varios millones de personas han huido buscando refugio en los países vecinos, sobre todo Polonia, y al menos seis millones se han convertido en desplazadas internas dentro de Ucrania.
“Esta guerra debe acabar. Vladimir Putin tiene que poner término a esta barbarie sin sentido y retirar la totalidad de las fuerzas rusas del territorio ucraniano. Se requiere una paz justa y sostenible, basada en la legalidad internacional, y que todos aquellos responsables de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia.
“Encomiamos el coraje de la población ucraniana, lamentamos con ella la pérdida de familiares y amigos, y continuaremos haciéndoles llegar nuestra solidaridad. Las tareas de reconstrucción y la recuperación de la devastación ocasionada serán colosales, incrementándose día a día las necesidades de ayuda humanitaria”, declaró el secretario general adjunto de la CSI, Owen Tudor.
Solidaridad
Las centrales sindicales FPU y KVPU, afiliadas a la CSI, se han movilizado para aportar ayuda humanitaria, apoyadas por la CSI a través de su llamamiento para la recaudación de fondos, así como por la CES y muchas otras organizaciones, incluyendo sindicatos en Europa y otras partes del mundo.
Dicha ayuda ha incluido la distribución de apoyo a familias afectadas, proporcionándoles alojamiento, comida, suministros médicos y cubriendo otras necesidades básicas a personas desplazadas; reparando edificios dañados y aportando atención psicosocial y otro tipo de asistencia a las familias. Las organizaciones sindicales continúan desarrollando sus funciones sindicales esenciales, en condiciones extremadamente difíciles.
Los sindicatos en países vecinos se muestran particularmente activos brindando asesoramiento y apoyo a los refugiados. Esto incluye, entre otras formas de asistencia, la aportación de alojamiento, cubrir sus necesidades, ayudarles a acceder a servicios y prestaciones, garantizar su empleo y otros derechos legales, la integración de niños y niñas en la educación, o el establecimiento de redes de información y comunicaciones. Los países vecinos también han seguido recogiendo y transportando productos de primera necesidad a Ucrania.
Pero la invasión rusa también ha tenido graves consecuencias en muchos otros países. La escalada en los precios de alimentos y combustible, exacerbada por la especulación por parte de ciertas empresas, sigue afectando enormemente a la población, sobre todo en países menos ricos.
La escasez de fertilizantes y otras materias primas, tradicionalmente provenientes de Rusia, Ucrania y también Belarús, ha perturbado tanto la producción de alimentos como las cadenas de suministro, ya considerablemente afectadas por la pandemia de COVID-19.
“La invasión por parte de Rusia, con Vladimir Putin ejerciendo un poder absoluto sobre el país, constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. Las repercusiones sobre la población de Ucrania resultan devastadoras, y las consecuencias más amplias que está teniendo la guerra en las relaciones internacionales y las perspectivas de la coexistencia pacífica y la cooperación a escala global son inmensas. La solidaridad de la CSI con el pueblo y los sindicatos de Ucrania es absoluta y seguirá siéndolo, al tiempo que continuaremos nuestra búsqueda de la paz basada en la seguridad común, la justicia y el pleno respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional”, recalcó Owen Tudor.
