Los sindicatos y empresarios europeos del sector de los servicios sociales están preocupados por el mandato del Consejo de la UE para las negociaciones sobre la revisión de las normas de gobernanza económica de la UE.
Las instituciones de la UE trabajan actualmente en la reforma de la gobernanza económica de la UE. Los cálculos del Instituto Bruegel indican que varios Estados miembros tendrán que reducir el gasto público en 2025 y años venideros, a menudo en miles de millones de euros, en virtud de este mandato.
Este tipo de medidas han reducido en el pasado el gasto en una amplia gama de servicios sociales, como la atención a las personas mayores, la atención a las personas con discapacidad o el cuidado de los niños.
La declaración conjunta pide al Consejo, al Parlamento y a la Comisión que examinen las consecuencias que tendrían nuevas medidas de austeridad en las políticas de cohesión social de los Estados miembros y, en consecuencia, que modifiquen las normas de gobernanza económica para mantener o incluso desarrollar la capacidad de financiar e invertir en servicios sociales a fin de responder a los retos a los que se enfrentan nuestros Estados miembros.
Como interlocutores sociales de la UE, nos comprometemos a trabajar con la Comisión y los Estados miembros para la plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y las Recomendaciones sobre educación y atención a la primera infancia y cuidados de larga duración.
Los esfuerzos potenciales de los Estados miembros para invertir en servicios sociales en beneficio del bienestar de sus ciudadanos no deben verse obstaculizados por las normas de gobernanza económica de la UE.
