La decisión del corrupto parlamento brasileño de suprimir una serie de protecciones garantizadas por la legislación laboral del país empobrecerá a millones de personas y dejará a los trabajadores y trabajadoras completamente a merced de empleadores que tendrán el poder unilateral de fijar salarios, el derecho a vacaciones, las horas de trabajo y bonificaciones.
Esta enormemente impopular reforma, impuesta por el Senado de Brasil el 12 de julio, también implicará mayores dificultades para que los trabajadores se organicen en sindicatos y reducirá la protección en materia de salud y seguridad para todos, incluyendo a las mujeres embarazadas, y retirarán el seguro de desempleo a muchos ciudadanos.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, señaló a este respecto: “Este desmantelamiento sin precedentes de la legislación laboral abona el terreno para fomentar la codicia corporativa, con un pequeño grupo de poderosos oligarcas que desean revivir el pasado feudal de Brasil para sacar pingües beneficios a expensas de las familias trabajadoras. Estos mismos empresarios fueron quieren fomentaron la destitución ilegítima de la presidenta Dilma. Son los principales beneficiarios de los recortes previstos en los derechos de pensión y de la ley de austeridad de 20 años que priva a los pobres de Brasil de seguridad social, salud y educación decente”.
Decenas de millones de brasileños se han movilizado en manifestaciones públicas en contra de la agenda económica, social y laboral del Gobierno encabezado por Michel Temer, quien depuso a la presidenta Dilma en un golpe de Estado constitucional el pasado mes de agosto. Temer se enfrenta a graves acusaciones de corrupción; sin embargo, dos tercios de la cámara baja del parlamento tienen que aceptar que sea juzgado por la Corte Suprema. Los legisladores de la oposición cuestionan ahora el desembolso repentino de unos 500 millones de dólares estadounidenses concedidos por la administración Temer a políticos y autoridades locales desde principios de mayo. Varios de los ministros de Temer han tenido que dimitir acusados de corrupción, y el Procurador General Rodrigo Janot ha indicado que los pagos corruptos recibidos por el propio Temer pueden ascender hasta a 12 millones de dólares.
El político más popular de Brasil, el ex presidente Lula da Silva, ha sido condenado a 9 años y medio de cárcel por el juez populista Sergio Moro, pese a la ausencia de pruebas reales que justifiquen la condena. Moro es un invitado frecuente en el conglomerado de medios de comunicación Globo, propiedad de la familia Marinho, una de las familias más ricas del país, con una fortuna común superior a los 10 mil millones de dólares.
“La sentencia de Sergio Moro, que ha demostrado una completa falta de independencia judicial al perseguir a Lula, es una parodia de justicia. Mientras que los verdaderamente corruptos siguen ocupando escaños en el parlamento y ocupan algunos de los cargos más altos del Estado, las maniobras contra Lula están claramente diseñadas para impedirle presentarse de nuevo para ocupar la presidencia del país, una elección que ganaría fácilmente dado el nivel de apoyo con el que cuenta en el país y el notable legado de sus años en el cargo, cuando sacó de la pobreza a millones de personas”, afirmó Burrow.
