La decisión de la UE de obligar Apple a devolver los impuestos impagados en Irlanda, anunciada el 30 de agosto, revela que la Comisión Europea reconoce, finalmente, que la austeridad es una opción política, no económica. Esta es la lectura que de la sorprendente decisión comunitaria hace la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, quien felicitó a la Comisión por demostrar la voluntad política para perseguir a multinacionales como Amazon y McDonald’s (que en la actualidad están siendo investigadas).
“Esta decisión confirma que si los gobiernos demuestran voluntad política, tienen acceso a los fondos necesarios para ofrecer servicios públicos como la sanidad, la educación y el agua”, subraya Pavanelli, quien también recalca que la cantidad que se reclama a Apple es equivalente al presupuesto de sanidad de Irlanda de todo un año.
Apple afirma que ha cumplido la ley, pero el quid de la cuestión es que las leyes se han modificado para adecuarlas a Apple.
“Esta es la peor forma de corrupción y debería considerarse un delito internacional. El primer pensamiento que me viene a la mente es para los trabajadores y trabajadoras irlandeses y sus familias, que tanto han sufrido las medidas de austeridad impuestas por el gobierno irlandés para salir de la crisis financiera. Si bien el gobierno es responsable políticamente, Apple debería ser responsable social y moralmente por dicho sufrimiento”, afirma la Secretaria General de la ISP.
Resulta escandaloso que los políticos modifiquen las leyes para permitir que tanto dinero se escape de las arcas de hacienda, cuando a la gente de a pie se le reclama que contribuya más a través de impuestos al consumo y sobre la renta y que acepten recortes en sus servicios públicos, mientras las grandes corporaciones de la tierra acumulan miles de millones con la complicidad de los políticos elegidos en las urnas.
“Es increíble que una compañía que apenas paga el 0.005 % en impuestos se disguste por tener que pagar más. Saca a la luz lo pésimamente que funcionan las normas fiscales internacionales cuando los políticos nacionales defienden estas prácticas”, continúa Pavanelli.
La elusión fiscal de Apple revela la feroz competencia entre los países, sumidos en una espiral descendente. A pesar de que impuestos que Irlanda cobra a las sociedades son ya muy bajos, del 12.5 %, ha llegado a acuerdos ilegales con Google que disminuyen dicho porcentaje aún más.
Respondiendo al Consejero Delegado de Apple, Tim Cook, que ha dicho que obligar a Apple a pagar los impuestos que en justicia le corresponden perjudicará las inversiones y los empleos, Pavanelli recuerda que si las compañías como Apple pagaran más impuestos sería posible crear más empleos en sectores públicos tan necesitados de fondos como la sanidad, la educación y el agua.
“Los analistas estiman que Apple tiene unas reservas de 216 000 millones de dólares. Es un dinero que no crea empleos. Pero el pago de los 13 000 millones de dólares puede crear miles de empleos decentes que ayudarán realmente a la ciudadanía”.
McDonald’s
La UE y otros gobiernos han empezado a prestar atención a los temas fiscales en los últimos años, gracias a los enormes esfuerzos políticos de sindicatos como la ISP y un amplio abanico de aliados. Una coalición de sindicatos formada, entre otros por la EFFAT, PSI, SEIU y la EPSU, llevan tiempo con el punto de mira en McDonald, por sus agresivas estrategias fiscales. El año pasado, la Comisión decidió iniciar una inspección. El resultado de Apple hace entrever que la Comisión se va a tomar en serio la investigación de McDonald’s.
“Nuestra misión consiste en ejercer la presión política para obligar a los políticos a investigar a estas compañías tan poderosas. Dado el aumento de las desigualdades y los recortes en los servicios públicos, la problemática fiscal afecta a todos los trabajadores y trabajadoras. Pero sólo venceremos si nos atrevemos a luchar. No hay excusa para la privatización de los servicios públicos mientras los gobiernos deciden no recaudar los impuestos a las sociedades y defienden un conjunto de normas fiscales internacionales que facilitan la planificación fiscal agresiva”, concluye Pavanelli.
