La CSI ha manifestado su profunda preocupación ante la tan esperada propuesta de Directiva sobre sostenibilidad corporativa y diligencia debida de las empresas de la Comisión de la UE.
La Directiva es un paso importante en la realización de la demanda de la CSI de una arquitectura reguladora mundial que garantice un piso de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, mitigue el cambio climático y ponga fin a la impunidad corporativa al garantizar la responsabilidad corporativa.
Sin embargo, en aspectos clave y sustantivos, el proyecto es una decepción que amenaza con crear inseguridad jurídica para las víctimas y los titulares de derechos.
Además, podría crear condiciones desiguales para las empresas, algunas de las cuales han invertido mucho en la debida diligencia y la responsabilidad corporativa por los derechos humanos y ambientales desde que el Consejo de Derechos Humanos respaldó los Principios Rectores (UNGP) en su resolución 17/4 , de 16 de junio de 2011.
En particular, nos preocupa que:
- las víctimas y los titulares de derechos no sean el principal centro de atención de este proyecto, contrariamente a la Resolución del Parlamento de la UE sobre diligencia debida y responsabilidad corporativa publicada en marzo de 2021;
- los principios básicos establecidos por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (UNGP, por sus siglas en inglés) con respecto a todas las empresas y su obligación de llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos se hayan confundido en este proyecto con exenciones para las pequeñas y medianas empresas (PYME), excluyendo así el 99% de todas las empresas en Europa;
- la estrechez del enfoque aplicado en las relaciones comerciales establecidas abre una brecha importante;
- el proyecto recompensa a las empresas reacias y castiga a las empresas que a lo largo de los años han invertido en la diligencia debida y la responsabilidad corporativa.
La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, comentó a este respecto: “Hay puntos brillantes en este proyecto, sin duda, pero la obsesión por crear un equilibrio entre el interés de promover los objetivos de la Directiva y el interés en minimizar las cargas financieras y administrativas de las empresas, así como limitar la denominada afluencia de casos de litigio, explica tanto el retraso en la publicación de la Directiva, como la discordancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas y la atención inadecuada a los titulares de derechos y las víctimas.
«Se necesita con toda urgencia una directiva firme sobre la debida diligencia sostenible de las empresas en este momento de crecientes violaciones de los derechos humanos y ambientales, incluidas las violaciones de los derechos laborales y sindicales por parte de empresas de todo el mundo, incluyendo las empresas europeas.
“Tenemos trabajo por delante para consultar con nuestros compañeros y compañeras sindicales europeos, con otras organizaciones de la sociedad civil y socios de la comunidad empresarial y de derechos humanos para garantizar que se aborden estas discrepancias y que el enfoque vuelva a centrarse en las víctimas y en los titulares de derechos. Responsabilizar a las empresas por sus impactos adversos sobre los derechos humanos en las personas y en el planeta debe ser la base de un nuevo modelo de negocio que fue la promesa de esta Directiva y que es lo que el mundo está esperando”.
