La Conferencia Internacional del Trabajo realizará en junio de 2016 una importante evaluación de las repercusiones de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa.
La histórica Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa es una decidida reafirmación de los valores de la OIT y del papel clave que desempeña para contribuir al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización. La Declaración promueve el trabajo decente a través de un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos estratégicos: empleo, protección social, diálogo social, y principios y derechos fundamentales en el trabajo. Las repercusiones de la Declaración, en particular la medida en que ha contribuido a promover los fines y objetivos de la Organización por medio de la consecución integrada de los objetivos estratégicos, constituye la finalidad de la evaluación por parte de la Conferencia en 2016.
El 10 de junio de 2008 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración sobre la Justicia Social, junto con una Resolución sobre el fortalecimiento de la capacidad de la OIT para prestar asistencia a los Miembros en la consecución de sus objetivos en el contexto de la globalización . La Declaración sobre la Justicia Social es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo. Se basa en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia) (1944) y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998).
Esta Declaración es el resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este texto los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de los 185 Estados Miembros de la OIT se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través del Programa de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales.
