Con la llegada del verano y el periodo vacacional, muchas personas empleadas públicas siguen recibiendo correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de trabajo fuera de su jornada laboral o incluso durante sus vacaciones.
Una realidad que demuestra que, siete años después de la aprobación del derecho a la desconexión digital, su aplicación efectiva continúa siendo muy desigual en las distintas Administraciones Públicas.
Desde FAC-USO recordamos que la desconexión digital no constituye una mera recomendación organizativa, sino un derecho reconocido expresamente en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Dicho derecho protege tanto a las personas trabajadoras del sector privado como al personal al servicio de las Administraciones Públicas, garantizando el respeto a los tiempos de descanso, permisos y vacaciones.
Un derecho reconocido… pero todavía insuficientemente desarrollado
La transformación digital de las Administraciones ha supuesto importantes avances para la ciudadanía, pero también ha incrementado la presión sobre las plantillas.
El uso generalizado del correo electrónico, Microsoft Teams, WhatsApp, aplicaciones corporativas y teléfonos móviles ha difuminado en numerosos servicios la frontera entre la jornada laboral y el tiempo de descanso.
En demasiadas ocasiones se generan dinámicas que, aunque no constituyan órdenes expresas, trasladan al personal la sensación de que debe permanecer permanentemente disponible para responder consultas, revisar expedientes o atender incidencias fuera de su horario.
Esta disponibilidad constante termina convirtiéndose en un importante factor de riesgo psicosocial, favoreciendo el estrés, la fatiga mental y las dificultades para conciliar la vida personal y familiar.
No basta con reconocer el derecho: hay que hacerlo efectivo
FAC-USO considera que muchas Administraciones siguen sin desarrollar protocolos claros de desconexión digital o cuentan con documentos meramente formales que posteriormente no se aplican en la práctica.
En algunos organismos ya se han aprobado protocolos específicos que establecen limitaciones al envío de comunicaciones fuera del horario laboral, definen las situaciones excepcionales y contemplan medidas de seguimiento para garantizar su cumplimiento.
Sin embargo, estas buenas prácticas siguen siendo todavía minoritarias y muy desiguales entre las distintas administraciones.
Para el sindicato, la desconexión digital debe integrarse plenamente dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales y salud mental, formando parte de la evaluación de riesgos psicosociales de los centros de trabajo.
La falta de personal también alimenta la hiperconectividad
FAC-USO advierte además de que el problema no puede analizarse únicamente desde una perspectiva tecnológica.
La insuficiencia de plantillas, el incremento constante de cargas de trabajo y la creciente digitalización de los procedimientos administrativos están favoreciendo que muchos empleados públicos prolonguen su actividad más allá de la jornada ordinaria para poder atender el volumen de trabajo existente.
Cuando la organización depende de la disponibilidad permanente de las personas trabajadoras, deja de tratarse de un problema individual para convertirse en un problema estructural de organización del servicio público.
FAC-USO reclama una actuación decidida
Por ello, FAC-USO considera necesario que todas las Administraciones Públicas impulsen medidas efectivas para garantizar este derecho mediante:
- La negociación de protocolos de desconexión digital con la representación sindical.
- La prohibición general del envío de comunicaciones laborales fuera de la jornada, salvo situaciones objetivamente justificadas.
- La formación específica de responsables y mandos intermedios sobre el uso responsable de las herramientas digitales.
- La integración de la desconexión digital dentro de las políticas de prevención de riesgos psicosociales.
- La dotación de plantillas suficientes que eviten que la sobrecarga de trabajo termine trasladándose al tiempo de descanso.
El descanso también forma parte de un servicio público de calidad
FAC-USO recuerda que proteger el derecho al descanso no solo beneficia a las personas empleadas públicas.
Una Administración que respeta los tiempos de desconexión favorece una mejor salud laboral, reduce los riesgos psicosociales, mejora el clima organizativo y contribuye a prestar unos servicios públicos más eficaces y de mayor calidad para toda la ciudadanía.
Porque la transformación digital solo será un verdadero avance si también respeta los derechos laborales de quienes hacen posible el funcionamiento diario de nuestras Administraciones Públicas.
