Las pequeñas y medianas empresas, que en España suponen más de 3 millones según los últimos datos recogidos en el Directorio Central de Empresas, son los centros de trabajo en los que más accidentes laborales se producen. La altísima siniestralidad laboral, que en 2015 se ha saldado con 518.988 accidentes con baja, 714.930 sin baja y 608 trabajadores fallecidos, tiene mayor incidencia en las PYMES.
“Concretamente, desde USO hemos constatado que cerca del 80% de los accidentes en jornada con baja y del 70% de los producidos in itinere han tenido lugar en empresas de menos de 250 trabajadores. Y el 53% del total de accidentes producidos durante la jornada laboral con baja corresponden a empresas de menos de 50 empleados. A medida que disminuye el tamaño de la empresa, aumenta la siniestralidad laboral”, destaca Sara García, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de la Unión Sindical Obrera.
Esta realidad está ligada a la modificación de la Ley de Prevención que introdujo la Ley de Emprendedores de 2014, a partir de la cual el empresario puede asumir la gestión de la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores, que suponen la mayoría del tejido productivo del país.
En el contexto actual de despropósito de las políticas preventivas, la falta de inversión y la dejadez por parte de las administraciones en cuanto a la prevención de riesgos laboral, juegan un importantísimo papel los delegados de prevención, por las labores de apoyo y asesoramiento, reclamación y denuncia que llevan a cabo.
Incremento de la siniestralidad
Según los datos recogidos en el Informe de Salud Laboral 2016, que ha elaborado USO con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el incremento de la siniestralidad laboral es innegable. Si se toma como referencia el período de 2012 a 2015, los accidentes con baja se han incrementado un 20% -cerca de 90.000 accidentes más, de los 430.751 en 2012 a los 518.988 en 2015- y, en el caso de los accidentes sin baja, éstos han aumentado un 10% -pasando de 644.645 en 2012 a 714.930 en 2015-. Las muertes en el trabajo se han incrementado un 20% desde 2012.
La precariedad laboral, la temporalidad y el miedo al despido están teniendo un efecto devastador en las condiciones de trabajo y en la cantidad de accidentes laborales que se registran.
Incapacidad temporal: impacto de los recortes y Ley de Mutuas
Desde USO afirmamos que tanto la Ley de Mutuas como el Real Decreto de Incapacidad Temporal tan sólo buscan el ahorro en prestaciones y lo están haciendo a costa de la salud de los trabajadores. Las consecuencias nefastas que estas leyes están teniendo tanto en la salud de los trabajadores como en la propia gestión administrativa de la incapacidad temporal deben servir para derogar estas leyes.
En este sentido, la duración de las bajas por contingencias comunes varía en función de si la gestión de la prestación depende de las Mutuas o del Instituto Nacional de Seguridad Social. Así, en 2015, la duración media de los procesos en la Seguridad Social fue de 47,72 días, en el caso de agregado del sistema, de 37,8 días y en el caso de los procesos gestionados por Mutuas, de 34,37 días.
Desde USO exigimos que se reviertan las políticas de recorte en materia de incapacidad temporal. El ahorro en esta materia no debe pasar por reducir a toda costa la cantidad y duración de las incapacidades temporales sino por aplicar políticas de prevención de manera efectiva.
Según datos del Informe de Reclamaciones a Mutuas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de reclamaciones formuladas en 2014 se ha incrementado en un 12,28% con respecto a 2013, pasando de 7.258 a 8.149. El 22% correspondieron a reclamaciones por disconformidad con la calificación de la contingencia; el 17% por disconformidad con el alta médica y el 13% por deficiencias en el trato por parte del personal sanitario de las Mutuas.
El exceso de competencias de las mutuas y el INSS en la gestión de la siniestralidad laboral está suponiendo para los trabajadores enfermos una gran cantidad de inspecciones, reconocimientos y problemas burocráticos adicionales que entorpecen la recuperación y el reconocimiento de las dolencias.
